El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha desestimado los cuatro recursos de reforma presentados contra el auto que transformó la investigación al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en un procedimiento de juicio con jurado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.
Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tras la comparecencia celebrada el pasado 25 de junio, el juez ha dictado un auto en el que acuerda continuar el procedimiento contra Fabra, su esposa, María de los Desamparados Fernández, el empresario Vicente Vilar y su ex esposa, Monserrat Vives.
No obstante, archiva la causa por delito fiscal contra la esposa de Fabra correspondiente al año 2002, ya que la cantidad supuestamente defraudada no supera la cuota necesaria para ser considerada como infracción penal, apunta la citada fuente.
Respecto a las ocho personas que también tenían condición de imputadas en esta causa, el titular del juzgado ha declarado el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
También ha acordado el sobreseimiento libre para un imputado que falleció durante la tramitación del procedimiento.
Además, el juez ha rechazado la práctica de las pruebas que solicitaron Fabra y su esposa en la citada comparecencia judicial, así como la ampliación la imputación a otras personas pedidas por la acusación popular.
Según fuentes jurídicas, el matrimonio pidió que se citara a los peritos que elaboraron el informe que asegura que ambos defraudaron a Hacienda 1,7 millones de euros desde 1999 a 2004 para que se ratificaran y que un experto propuesto por la defensa elaborase un nuevo informe sobre el patrimonio de Fabra y su ex esposa.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por el empresario Vicente Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de fitosanitarios.
A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y tras ello el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.
