La nueva ley de víctimas del terrorismo, que el próximo jueves presentarán PSOE y PP de forma conjunta, se aplicará con carácter retroactivo en reconocimiento de todos los atentados perpetrados desde el año 1960 e incluirá un baremo para igualar las indemnizaciones que reciben las víctimas, según establece el guión del nuevo texto, al que tuvo acceso Europa Press.
Socialistas y 'populares' se reunieron con cerca de medio centenar de asociaciones de víctimas y otros colectivos para informarles de las negociaciones que mantienen desde hace semanas para lograr un acuerdo sobre el contenido de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, al que tratarán también de sumar al resto de grupos parlamentarios.
En el encuentro, les informaron de las principales novedades que incluirá la ley y les facilitaron la exposición de motivos inicial en la que se explican los objetivos de esta legislación, que tiene como eje central sostener los valores de "memoria, dignidad, justicia y verdad" en busca de la "reparación integral de la víctima".
Según reconoce el texto, esta concepción integral de atención a las víctimas del terrorismo "no sería completa" si se hubiera enfocado sólo mirando al futuro, por lo que contempla su aplicación retroactiva a todos los atentados perpetrados a partir del 1 de enero de 1960, fecha en la que fallece la bebé Begoña Urroz, considerada la primera víctima de ETA. La anterior ley reconocía los atentados cometidos desde 1968, cuando falleció el guardia civil José Pardines Arcay.
Este punto fue valorado muy positivamente por las asociaciones al término de la reunión, ya que reconocieron que se trataba de una de sus principales reivindicaciones. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, coincidió en destacar este punto como uno de los más relevantes de la nueva legislación.
Pero además, la nueva anula las diferencias en las indemnizaciones que existían hasta ahora y establece una tabla de prestaciones que se deben otorgar en cada caso. El efecto retroactivo de la legislación hará posible que una víctima que haya recibido una indemnización menor a la ahora establecida pueda aumentar la cuantía hasta lo que le corresponde según el nuevo baremo.
"Con la presente Ley, la sociedad española rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro", comienza la exposición de motivos, donde además se insiste en "el esfuerzo compartido que las víctimas y sus familiares merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad".
Siguiendo con estos principios, los partidos han recogido otra de las peticiones de las asociaciones e incluyen el reconocimiento como víctima de los españoles que sufren atentados fuera del país y de la Unión Europea, "con independencia de que estos vayan dirigidos o no contra intereses españoles, sean realizados por bandas que operen habitualmente en España o afecten a operaciones de paz y de seguridad en el exterior".
Reconocimientos amenazados
También tendrán un reconocimiento los amenazados, a quienes se reconocerán derechos como víctima del terrorismo y se les facilitará el acceso a ayudas sociales, sanitarias o de cualquier otro carácter. Asimismo, los extranjeros que sufran un atentado en España podrán recibir la nacionalidad por carta de naturaleza.
La ley también realizará una prohibición expresa de que en los lugares públicos se haga ostentación mediante símbolos o monumentos del terrorismo, una batalla que ya está en marcha para eliminar los nombres de calles y plazas públicas que ensalzan a los terroristas. Pero además, la Ley incluirá otras medidas de respeto sobre el tratamiento que los medios de comunicación hagan de las víctimas y sus familiares.
En el ámbito procesal, la legislación dedica un apartado a la necesidad de proteger a las víctimas y, además de la gratuidad de la asistencia jurídica, adopta medidas para que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados "y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas".
Además, dentro de estas medidas se contempla la implantación de una oficina de apoyo a las víctimas en las dependencias de la Audiencia Nacional y de oficinas específicas para la atención personalizada atendidas también por personal especializado.
Sanidad, Vivienda y Educación
El objetivo es facilitar a las víctimas la tramitación de las ayudas y prestarles toda la atención necesaria tras sufrir el atentado, para lo que los profesionales sanitarios también recibirán una atención especializada. Además, se garantizará a las víctimas "la posibilidad de movilidad geográfica y funcional y la reordenación de los tiempos de trabajo", a lo que se suma la obligatoriedad de que las políticas activas de empleo contemplen un apartado dirigido a las víctimas en condiciones adecuadas a sus necesidades físicas o psíquicas.
Las víctimas también tendrán posibilidad de ejercer derecho de preferencia de acceso a una vivienda y, en el ámbito educativo, se regulan las exenciones de tasas académicas, sistemas de becas y apoyo dentro del sistema educativo, junto a la adaptación de los sistemas de enseñanza.
Junto a esto, se regulan las condecoraciones y honores públicos que se otorgarán a las víctimas de actos terroristas y se promoverán medidas para asegurar su recuerdo y reconocimiento.
Cautela hasta el jueves
Todas estas medidas fueron acogidas con satisfacción por las asociaciones que participaron en la reunión porque contempla muchas de sus reivindicaciones, aunque mostraron cautela hasta conocer el texto definitivo, que les remitirán el jueves a la vez que lo presenten públicamente.
El encuentro celebrado en el Congreso, fue presidido por el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, aunque también participaron los diputados del PSOE y el PP que han protagonizado las negociaciones, Antonio Hernando y Alfonso Alonso, respectivamente.
