El PSOE y el PP están de acuerdo en que se pueden reducir los gastos electorales en este momento de crisis económica y, por lo pronto, coinciden en que se puede acabar con la llamada precampaña, circunscribiendo la publicidad y la propaganda a los quince días de campaña propiamente dichos, informaron a Europa Press fuentes de ambos partidos.
Esa voluntad de recortar los gastos electorales se puso de manifiesto en la reunión celebrada recientemente entre el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, y la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, a raíz de la propuesta que los 'populares' han enviado a todos los grupos parlamentarios para reducir los gastos electorales.
En ese borrador, el partido de Mariano Rajoy plantea reducir en al menos un 30 por ciento las subvenciones que recibe cada partido en función de sus resultados en los comicios y recortar en un 25 por ciento los gastos de envíos de correo relativos a propaganda y publicidad electoral.
Además, aboga por recortar en un 25 por ciento los gastos de envío personal y directo de propaganda y publicidad electoral; limitar la publicidad exterior y en medios de comunicación a un 20 por ciento del límite máximo de gastos; circunscribir la publicidad exterior y en medios de comunicación a los quince días de campaña; y dotar al Tribunal de Cuentas de los medios necesarios para que realice la fiscalización con mayor inmediatez.
La propuesta ha sido bien recibida, en principio, por los socialistas que, aunque consideran que hay muchos puntos por negociar, sí están de acuerdo en acabar con la publicidad y los carteles electorales durante la precampaña. Ni el PSOE ni el PP quieren suprimir los actos de partido, pero sí los anuncios que, además, según argumentan las fuentes consultadas, tienen un impacto muy limitado.
La iniciativa ha encontrado más resistencia en los partidos minoritarios, pero el objetivo de socialistas y 'populares' es contar con PNV y CiU. Fuentes del PSOE ven posible pactar un recorte algo menor del propuesto inicialmente por el PP, en atención a estos dos últimos partidos.
No obstante, también ha surgido alguna inquietud en el PSOE de algunas CCAA por esta reducción de gastos y por la posible eliminación de la propaganda en precampaña, sobre todo en aquellas que prevén presentar candidato nuevo, ya que podrían necesitar una mayor labor publicitaria para llevar el mensaje a todos los electores.
El PP quiere sacar adelante esta iniciativa con el "máximo consenso" y con ese objetivo Ana Mato ha abierto una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para sondear si estarían dispuestos a apoyar una iniciativa de este tipo.
Además del PSOE, los portavoces parlamentarios de CiU y de PNV, Josep Antoni Duran i Lleida, y Josu Erkoreka, han trasladado a Mato su voluntad de negociar una reducción de los gastos electorales, indicaron fuentes 'populares', aunque se han mostrado más remisos que el PSOE a este recorte.
Eso sí, la mayoría de los grupos parlamentarios coincide en trasladar este debate a la subcomisión de reforma de la Ley Electoral que se abrió en el Congreso hace más de un año y medio, dejando así la negociación de este asunto a los portavoces de dicha subcomisión.
¿Publicidad institucional?
El PP considera que el momento de crisis económica exige austeridad y está abierto a extender esa reducción de gastos electorales a la publicidad institucional y al uso de medios públicos como los aviones Falcon, si bien admite que abrir el debate sobre esta cuestión depende del Gobierno.
Por lo pronto, esta semana el Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley del PP en la que se reclamaba al Gobierno un régimen jurídico completo sobre el uso de aviones militares por parte del presidente, los ministros y los altos cargos para fines privados, y todo ello pese a que el PP, para sumar apoyos, había incluso renunciado a exigir también el reembolso de esos gastos a las arcas del Estado.
El Gobierno ha dejado claro además que considera muy complicado regular el uso de medios de transporte públicos para actos de partido y ha advertido de que ello afectaría también a los coches oficiales de todos los cargos públicos, incluso a sus escoltas.
Sobre la publicidad institucional, la subcomisión del Congreso encargada de estudiar la reforma de la Ley Electoral ha acordado prohibir los actos de inauguración en los quince días de una campaña electoral, sin perjuicio de que la obra en cuestión pueda entrar antes en servicio para beneficio de los ciudadanos.
Igualmente, promoverán la supresión de las denominadas "campañas de logros" de una administración a lo largo de los 54 días del periodo electoral (desde la convocatoria de un proceso hasta el día de votación).
Bajo la presidencia de Alfonso Guerra, presidente a su vez de la Comisión Constitucional del Congreso, la subcomisión continúa el análisis del informe que preparó la Junta Electoral Central con sus recomendaciones sobre los distintos aspectos del procedimiento electoral que deberían revisarse. En su informe, el organismo arbitral apostaba por prohibir las inauguraciones en los 15 días de campaña electoral y limitar la publicidad institucional en periodo electoral.
