Un total de 3.005 personas solicitaron asilo a España el año pasado, lo que supone el nivel más bajo de peticiones que se registra desde los años noventa e implica un descenso del 33,6% respecto de 2008, según explica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un informe del que se desprende que más de la mitad fueron inadmitidas a trámite y "sólo" 349 personas recibieron alguna protección por parte del Estado.

El estudio, titulado 'Situación de los Refugiados en España 2010', sostiene que este descenso se debe a que este país "es un alumno aventajado en el control policial de las fronteras" pero "va con retraso" en la protección internacional porque las autoridades rechazan a personas perseguidas en sus países de origen como si fueran inmigrantes económicos en situación irregular dada la "falta de mecanismos" para distinguir entre unos y otros.

Así lo han explicado en rueda de prensa la presidenta de CEAR, María Jesús Arsuaga, y el coordinador del informe, Mauricio Valiente, quienes han incidido en que España "no supera el examen en el nivel más primario de la protección internacional" porque, mientras los refugiados en el mundo se incrementan --las peticiones en la UE han crecido un 10%--, este país ha tenido en 2009 "la cifra de solicitudes más baja de su historia".

En concreto, CEAR expone que de las 3.000 solicitudes recibidas el año pasado, más de la mitad no se admitieron a trámite (52%) y señala que durante el mismo periodo, "el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, firmó la denegación de la protección internacional a 2.288 personas".

El 8% de las solicitudes se cursaron en puestos fronterizos y el 41% ya en territorio español. Valiente destacó que "sólo el 1%" se presentaron en las embajadas y consulados, posibilidad "que ha desaparecido con la nueva Ley de Asilo", algo a su juicio innecesario porque "el bajo número de peticiones, un total de 83, demuestra que no se habría desbordado el procedimiento por esta vía".

Por nacionalidades, el mayor número de solicitudes presentadas en España correspondieron a ciudadanos nigerianos (581) aunque siete de cada diez fueron inadmitidas a trámite. Le siguen los oriundos de Costa de Marfil con 345 peticiones, la mitad inadmitidas; y los de Colombia, que sumaron 280 de las que el 47,5% no se admitió. No obstante, aunque presentaron menos peticiones, en el caso de los palestinos, los iraquíes y de Sri Lanka se admitió más del 90%.

Cuando se inadmite a trámite la petición, el solicitante tiene la posibilidad de apelar por vía judicial. El año pasado se presentaron 1.036 recusos en este sentido y los juzgados dictaron 83 sentencias estimatorias y más de 1.400 desestimatorias (el 92% del total), según el informe de CEAR.

Respecto a las admisiones a trámite, que se resuelven en 72 días hábiles, Valiente explicó que la Administración tarda "una media de dos años" en analizar el caso y responder concediendo o denegando la protección. El año pasado Interior reconició el estatuto de refugiado a 179 personas, un total de 172 recibieron protección subsidiaria y ocho accedieron a un permiso de residencia por motivos humanitarios.

"No somos inmigrantes"

Mientras la administración resuelve, el solicitante puede recibir apoyo de organizaciones como CEAR, especialmente hasta cumplir seis meses en España, cuando acceden al permiso de trabajo, o Interior resuelva sobre su petición. En esta situación de espera se encuentra un hondureño de nombre Jonathan, que a sus treinta años se vio obligado a huir de su país por su participación activa en el movimiento opositor al gobierno golpista de Roberto Micheletti.

Según declaró en la rueda de prensa, su pareja, también activista, fue torturado y asesinado en el domicilio que ambos compartían, momento en que decidió ponerse en manos de una ONG de Derechos Humanos que le ocultó "cada noche en un lugar distinto" hasta que empujó su salida del país cuando ya "no podía proteger su vida" y le puso en contacto con CEAR.

Llegó a España el pasado 8 de febrero y tras 48 horas retenido en una de las dependencias del Aeropuerto de Madrid Barajas, donde recibió asistencia de Cruz Roja y prestó declaración ante la policía y los delegados de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, cruzó la frontera española en calidad de solicitante de asilo.

Como la suya, España ha recibido cerca de un centenar de peticiones desde que se produjo el golpe de Estado en Honduras el año pasado y, según CEAR, "casi la totalidad" han sido admitidas a trámite. Además, al aplicarse la vía de urgencia, hay ya "al menos dos" conciudadanos de Jonathan a los que se ha concedido el estatuto de refugiado.

"Los asilados políticos no somos migrantes económicos. Nos vemos involicrados en situaciones de injusticia en nuestros países", explicó Jonhatan, para incidir en lo traumático que resultó para él dejar toda su vida y salir corriendo para "poder seguir denunciando lo que allí ocurre" dado que en aquel país "tenía las horas contadas".