El PSC lamentó este viernes la situación "muy grave" derivada de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de tumbar el borrador de sentencia del Estatut, por lo que exigió a sus miembros "la inmediata renovación" del órgano al considerar que no ha estado a la altura de su función de servicio a los ciudadanos.

La diputada y responsable del área de Justicia del PSC, Lidia Santos, aseguró que el TC ha generado una situación "constitucionalmente anómala" al encontrarse en un momento de "absoluta precariedad", con cuatro de sus miembros en situación de prórroga y otros cuatro cuyos mandatos están a punto de expirar.

"La no renovación ha afectado seriamente a su capacidad para dar una salida razonable al recurso del PP sobre el Estatut", afirmó Santos, por lo que urgió a todos sus miembros a reconsiderar su situación.

Sin pedir la dimisión en bloque de todos los miembros del TC como sí hizo hoy ICV, la diputada socialista afirmó que iniciar el proceso de renovación tendría "casi los mismos efectos". Afirmó que decisiones como la dimisión son "absolutamente personales".

Para el PSC, el Tribunal "no ha entendido cuál es el mandato constitucional" en relación a su función de servicio "a la Constitución, a España, a las comunidades autónomas y a sus ciudadanos". Subrayó que ni los catalanes ni el propio PSC entienden la decisión de hoy ni la trayectoria adoptada por el órgano durante todo el proceso.

Del mismo modo, acusó directamente al PP de haber "interferido" en la sentencia y haber presionado de todas las maneras posibles. Criticó que hayan propiciado el "bloqueo político" del Tribunal, lo que ha derivado en una instrumentalización del mismo.

Precisamente, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, lamentaba también este viernes que el Constitucional no haya emitido la sentencia sobre el Estatut y exigió una resolución "lo antes posible", independientemente de las elecciones catalanas.

En rueda de prensa, pidió al alto tribunal que trabaje "con toda la intensidad necesaria para que tener un Estatut plenamente constitucional y que represente a todos y cada uno de los catalanes". En este sentido, consideró que tres años y medio de deliberación son excesivos y provoca que haya una "anomalía jurídica" en Cataluña. Sánchez-Camacho reiteró que la prioridad es poder trabajar en los "problemas reales" y en el futuro de la comunidad autonómica.