El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado para mañana por la tarde al jefe del equipo de investigación del supuesto chivatazo que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA y a otros dos agentes del operativo, tal y como ayer le ordenó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en un auto en el que le instaba a "agotar al máximo la investigación".

Según informaron fuentes jurídicas, Garzón comenzará de esta forma a practicar las nuevas pruebas que habían solicitado Dignidad y Justicia (DyJ) y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tomando declaración a partir de las 17.00 horas al responsable director de la investigación y autor principal del informe incriminatorio, Carlos G., y a dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de la Investigación a los que la Sala identifica con los nombres de 'Unai' y 'Sugoi'.

En una providencia notificada hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide al equipo de investigación que aporte los datos de la cabina situada junto al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos, si estaba intervenida y si consta alguna llamada del propietario del local, Joseba Elosúa.

Además, el magistrado solicita la transcripción de las llamadas de la cabina y si Elosúa tuvo alguna conversación con el etarra José Antonio Cau, al que se considera enlace de la banda para el cobro del 'impuesto revolucionario'.

A la vista de estas pruebas, el juez decidirá si cursa una comisión rogatoria a Francia para solicitar un análisis del tráfico de las llamadas que se produjeron los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006. En este sentido, preguntará a las autoridades francesas si el motivo de la suspensión de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA estuvo motivado por una filtración policial.