El juez Santiago Pedraz sigue sin ver motivos para prohibir los actos de apoyo a presos de ETA, el 31 de julio y el 1 de agosto en Villabona (Guipúzcoa), y argumenta que es al Gobierno vasco al que corresponde prohibirlos, y si no lo ha hecho es porque "habrá considerado" que no son delictivos.
"La obligación de impedir la comisión de delitos es de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no de los juzgados y tribunales", ha expuesto hoy el juez de la Audiencia Nacional en el auto en el que rechaza el recurso del fiscal Jesús Alonso contra su decisión de permitir estos actos que se vienen celebrando desde el día 26 en las localidades guipuzcoanas de Ordizia y Villabona.
En este recurso, interpuesto ayer, el fiscal pedía al juez que ordenara a la Ertzaintza investigar "con más profundidad" quiénes son los convocantes de los actos por si forman parte de una organización ilegalizada.
El juez considera que "la celebración ha debido ser comunicada a la autoridad gubernativa con la debida antelación" y por tanto "la Policía Autónoma Vasca, como es oportuno, habrá analizado la convocatoria".
Por ello cree que "no hace falta" pedir el informe a la Ertzaintza solicitado por el fiscal, "ni aún comunicar al Gobierno vasco que adopte las medidas necesarias en orden a la salvaguarda de los derechos ciudadanos" y a evitar la comisión de delitos como el de enaltecimiento del terrorismo.
Entiende el juez que si se prohibiesen este tipo de actos por los juzgados tras no haberlo sido por la autoridad gubernativa, "cualquier convocatoria de manifestación quedaría en definitiva sometida al criterio del juez de instrucción (y no a la previsión constitucional de la ley) en base a la simple denuncia de cualquier asociación o particular" que crea que puede cometerse un delito.
Este asunto comenzó la pasada semana cuando Pedraz recibió una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia en relación con estos actos, y Pedraz decidió permitirlos al entender que han sido convocados para protestar por la dispersión de los presos de ETA y no para reivindicar su actividad en la organización terrorista, por lo que están amparados por la libertad de expresión.
Sobre este asunto, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido hoy en que cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo "será perseguido" por el Ministerio del Interior a través de la Justicia, porque, además de suponer un delito, "se infringe un dolor añadido a las víctimas que resulta intolerable".
En un acto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Rubalcaba ha dejado claro que respeta todas las decisiones de la Audiencia Nacional y ha avanzado que su Ministerio tratará de documentar y perfilar jurídicamente mejor las demandas que presenta ante los tribunales.
