EFE
Las recomendaciones están incluidas en el borrador de conclusiones de la Conferencia Internacional que se ha celebrado en Toledo y se clausura hoy, junto a las proposiciones dictadas por las delegaciones estatales de los 47 miembros -más otros observadores, como México- para su aplicación por las administraciones públicas.
Entre éstas, se hacen asimismo propuestas para regular el sector privado, como la que, incluso, pide "obligar" a las empresas proveedoras de internet a retener datos sobre descargas durante un tiempo por si son requeridas en investigaciones por pornografía infantil.
Estas conclusiones se llevarán al Comité de Ministros del Consejo de Europa de mayo -en el que España cederá la presidencia rotatoria-, que decidirá si se incorporan al Convenio surgido en Lanzarote en 2007 contra los abusos sexuales a niños, o si forman parte de un futuro nuevo convenio.
Las empresas de pago de servicios en internet, las compañías telefónicas, los medios de comunicación y las desarrolladoras de buscadores de internet son otros sectores empresariales que, junto al turístico, son requeridos por el Consejo de Europa para que incrementen su colaboración contra los abusos a menores.
Si el Convenio de Lanzarote -al que se adhirieron España y Georgia en esta Conferencia de Toledo y que tiene ya 35 signatarios- se enfocó en la protección judicial y llevará a modificaciones del ordenamiento penal para ser ratificado y que entre en vigor, los 150 expertos reunidos en Toledo han centrado su análisis en nuevas vías, como la colaboración privada.
Por ejemplo, también insta a las empresas informáticas a que desarrollen nuevas tecnologías de identificación de procedencia de imágenes, para luchar contra la pornografía infantil o el 'grooming' (captación de menores por internet con fines sexuales).
Además de a las empresas, la Conferencia Internacional de Toledo pide a jueces, abogados y psicólogos introducir métodos apropiados de entrevistas a menores, por ejemplo por videoconferencia, para eludir su presencia ante los agresores.
Y a los periodistas les instan a evitar que los menores sean foco mediático por casos de abuso sexual.
En la clausura de la Conferencia ha participado la subsecretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Purificación Morandeira, que ha dicho que si el Convenio de Lanzarote contribuyó a fijar "estándares elevados" en la lucha contra los abusos sexuales contra menores, en Toledo se ha puesto énfasis en "la responsabilidad del sector privado".
Un "refuerzo de las condiciones" es como lo ha denominado el director general de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, Philippe Boillat, en la clausura de la Conferencia.
El borrador de conclusiones ha sido presentado por el director de la misión para la trasposición de medidas penales internacionales, Eric Ruelle, quien ha considerado que una buena fórmula para el logro de los objetivos propuestos podrían ser "los partenariados público-privados".
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