La memoria torcida

PEDRO L. ANGOSTO Cuando llegó Rodríguez Zapatero al poder se comprometió a elaborar una ley que sirviese para zanjar las heridas todavía abiertas por el golpe de Estado de Franco y los militares africanistas, una casta española tan alejada del ser humano como los escorpiones. Tras muchos meses de debate, se aprobó una ley descafeinada, una ley que no obliga a nadie a nada, una ley que no repone el honor y la dignidad de cientos de miles de personas que dieron su vida por la democracia española, por mucho que le pese a quienes colaboraron, de un modo u otro, con el fascismo español.
No se trataba de hacer una norma para ofender a nadie, ni para castigar a nadie -aunque no habría estado mal que las Cortes hubiesen celebrado una sesión conjunta para condenar moralmente a los responsables de la represión, citando sus nombres-, sencillamente se trataba de declarar ilegal la dictadura franquista, sus juicios políticos, sus símbolos, de rehabilitar la memoria de quienes fueron torturados, encarcelados, desaparecidos y fusilados por aquel régimen de oprobio y de incluir en el código penal la apología del franquismo como delito, tal como ocurre en Alemania con el nazismo. No ha sido así y continuamos viendo calles con nombres de asesinos, con nombres de colaboradores del exterminio franquista, con nombres de traidores que dejaron a un lado sus juramentos para provocar la mayor carnicería de la historia de España, para conseguir castrar intelectual, sentimental y éticamente a varias generaciones de españoles, para hundir al país en el miedo, la obediencia ciega, la esclavitud y la corrupción institucional y social, bases fundamentales del régimen.
De modo que después de hablar y hablar sobre una ley que estimamos imprescindible para que España conozca su historia, se enorgullezca de ser el primer país que se enfrentó en solitario al nazi-fascismo y sienta vergüenza -sí vergüenza, como la sintieron los alemanes al darse cuenta de lo que había sido el nazismo- de las atrocidades cometidas por el general Franco y sus compañeros felones, resulta que miles de españoles siguen sin poder enterrar dignamente a sus muertos, que muchos Ayuntamientos -el de Valencia pretende construir nichos sobre una fosa común que alberga, según el reciente trabajo coordinado por Empar Salvador que se presentará en la Sede Universitaria el 4 de junio, los cadáveres de 25.000 fusilados para tapar definitivamente los vestigios de la aniquilación, para ocultar para siempre las pruebas de tanto desafuero, para esconder nuestro trágico pasado- se niegan a dar permisos para hacer excavaciones que permitan saber lo que pasó, que cientos de personas continúan sin saber el paradero de sus seres queridos, que en las iglesias siguen las placas que exaltan la "Santa Cruzada" y que seguimos hablando de los ministros, gobernadores y alcaldes franquistas como si no hubiesen roto un plato en toda su vida: Cualquier alto cargo franquista -siempre hay excepciones, personas de buena fe que se equivocaron- fue cómplice del régimen más horrendo que ha sufrido este país. No hay méritos que alegar, sólo cabe, como se decía en aquellos tiempos, el examen de conciencia y el acto de constricción. La democracia siempre es generosa con quienes reconocen sus errores, por muy graves que éstos hayan sido.
Adolfo Hitler construyó entre 1933 y 1938 más de doce mil kilómetros de autopistas, la mayoría de las cuales siguen utilizándose todavía; creó un sistema de seguridad social avanzado para los trabajadores "honrados", dio empleo a seis millones de parados y construyó 700.000 viviendas para obreros callados. Su criminal dictadura hizo en cinco años muchísimo más que la dictadura franquista y todos sus alcaldes digitales en cuarenta, pero ambas, la alemana y la española, independientemente de su eficacia o ineficacia para las obras públicas, se basaban en lo mismo: En el terror, en el exterminio del disidente, del crítico o del diferente, en el ordeno y mando, en la inmoralidad. Un dictador que somete a sangre y fuego a su pueblo puede hacer lo que quiera, puentes inútiles de cientos de kilómetros, montañas artificiales, pozos de kilómetros de profundidad, destruir ciudades quitándole, como a las personas, sus señas de identidad, lo que se le ocurra: El terror despoja al hombre de dignidad y lo convierte en un esclavo sin capacidad para pensar, para ser. Pero lo que no puede hacer una dictadura -al menos no se lo podemos consentir quienes amamos la libertad- es cambiar la historia, torcerla, darle la vuelta para que todo aparezca al revés de cómo fue.
Francisco Franco Bahamonde, Emilio Mola Vidal, Gonzalo Queipo de Llano y todos aquellos que provocaron el incendio y ayudaron a sostener la dictadura -incluyo a los dirigentes de las democracias inglesa y norteamericana- son responsables del delito más execrable que cometerse pueda: El genocidio. La conocida como Ley de la Memoria Histórica no ha servido para saldar la deuda que tenemos con nosotros mismos, con las generaciones venideras y con nuestro pasado. Se ha desperdiciado -ya sé que la derecha la ha combatido con todas sus armas- una ocasión única y como es algo que no da votos no creo que se vuelva a tocar en el futuro, pero mientras por España sigan caminando los fantasmas del franquismo, España no será un país normal, no será un país justo.

Pedro L. Angosto es doctor en Historia.