EUROPA PRESS/EFE. VITORIA/LIMA
E
l Parlamento vasco aprobó ayer una iniciativa en la que acusa al Gobierno central de "amparar sin excepción" y de forma "sistemática" a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas o malos tratos de detenidos, y le pide que cese en la concesión de indultos a agentes condenados por ello. Socialistas y populares cargaron duramente contra una iniciativa que calificaron de "obscena", y más cuando solo hace un par de días que ETA asesinó a un guardia civil.
Desde Lima, el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y pidió "responsabilidad" al Parlamento vasco, tras haber aprobado una iniciativa "absolutamente fuera de contexto e infundada".
La proposición, presentada por Aralar, se debatió pese a que desde el PSE-EE, su portavoz, José Antonio Pastor, solicitó a esta formación que pospusiese su discusión para no empañar la imagen de unidad que han dado los partidos tras el asesinato de Juan Manuel Piñuel. La propuesta fue debatida y salió con los votos a favor del tripartito PNV-EA-EB, de Aralar y EHAK, y en contra del PP y PSE-EE.
La resolución "reprueba la postura que el Gobierno español adopta sistemáticamente ante las denuncias de torturas o malos tratos, amparando sin excepción a las fuerzas policiales". Asimismo critica "especialmente el total amparo" ofrecido por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los ocho guardias civiles ante las denuncias de torturas de los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Martín Sarasola, dos de los presuntos autores del atentado de la T4, detenidos en enero en Mondragón. También se insta al Gobierno a que abra una investigación interna, simultáneamente a la judicial, "con el fin de aclarar lo sucedido en este caso".
Además, hace un llamamiento para que el Gobierno adopte las medidas "necesarias para garantizar los derechos humanos", como la derogación de los artículos legales que permiten la incomunicación de los detenidos o la grabación en vídeo de su estancia en dependencias policiales.
También salió adelante una enmienda de adición del tripartito, apoyada por Aralar y EHAK, en la que se exige al Gobierno central que cese la práctica de la "concesión sistemática de indultos" a las personas condenadas por delitos de torturas.
Tras defender que "la tortura no cabe en la Constitución", Pastor dudó de "si el acto del jueves (de homenaje en el Parlamento a Piñuel); o el de ayer (de repulsa unitaria de todos los partidos, excepto EHAK contra el atentado); se hace con sinceridad y convencimiento o es una pose escénica para no tener males mayores". Acto seguido calificó la propuesta de "obscena" cuando "aún tenemos a las puertas del Parlamento la fotografía del último asesinado por ETA".
Carlos Urquijo, del PP, advirtió que "no se puede estar ayer en un acto de homenaje al guardia civil asesinado y venir aquí a arrojar la sombra de la duda y cuestionando el honor de la Guardia Civil". Urquijo acusó a Aralar de no haber tenido la "decencia" de retirar el texto, que tachó de "soberano despropósito".
Gema González de Txabarri, del PNV, defendió que "el Estado de Derecho debe seguir funcionando" y denunció que "en España hay impunidad en los casos de malos tratos".
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