Las inundaciones ocurridas en la provincia de Zaragoza esta semana nos han mostrado otra cara del ser humano: aquella que es capaz de permitir que miles de animales mueran en las explotaciones ganaderas, ahogados y con una larga angustia, en vez de ponerlos a salvo, con una acción tan sencilla como liberarlos de su cautiverio.
Las previsiones meteorológicas se conocían desde días atrás; sin embargo, no ha habido una respuesta coordinada (ni descoordinada, no ha habido nada) que incluyera a los animales y garantizara su vida, ni por parte de responsables de las explotaciones ganaderas ni de la Administración. La razón es simple: son considerados «animales de granja», lo que les convierte en cabezas de ganado con un valor económico determinado. Resulta más «beneficioso» cobrar la pérdida del animal a través de la cobertura del seguro que ponerle a salvo. Esa es la realidad.
Pero existe otra realidad, estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de maltrato animal (comisión por omisión) lo que resulta de haber permitido y no evitado, aquellas personas responsables de estos animales, que los mismos perezcan en las condiciones que lo han hecho -ahogados y encerrados- y que muchos hemos podido comprobar mediante documentos gráficos y multitud de vídeos que mostraban a estos animales con el agua que casi les llegaba a la cabeza.
Tanto los responsables de las explotaciones como los poderes públicos deberán rendir cuentas, unos por no poner a salvo a miles de animales y otros, por su inacción ante el desastre ocurrido.
