E

l procedimiento de la aplicación del deslinde marítimo terrestre aprobado en 1995 para la costa norte de Dénia está avanzando poco a poco. Tras la realización del apeo, los vecinos crearon el pasado sábado la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Marines-Racons, que preside Claudio Riera. La primera medida que han protagonizado como parte de la Plataforma Estatal -que agrupa a más de dos mil personas- ha sido presentar al parlamento de Bruselas una queja por "la aplicación abusiva de la ley de Costas que el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo", explicó José Ortega, abogado del colectivo, en la asamblea que tuvo lugar ayer en Pego.

La posibilidad de que desde la Unión Europea se estudie la ley, ha dado esperanzas a los 600 propietarios afectados. La plataforma ya había pedido la apertura de comisiones de investigación por la "arbitrariedad" en la aplicación de la normativa en las Cortes Generales y valencianas que, en ningún caso, obtuvo respuesta.

Ortega explicó a los afectados que la ley se resume en que "uno pierde la propiedad sin tener asegurada una compensación", por lo que calificaron está situación de "fraude, confiscación y robo" ya que las garantías ante expropiaciones no están funcionando.

Ortega confesó a los propietarios que, actualmente, "si el ministerio aprueba un deslinde, tienen muchas posibilidades de que pierdan sus casas". Hasta ahora, se pueden atisbar posibilidades de esquivar la expropiación, por la falta de un informe geomorfológico que lo justifique. Esta es la baza legal con que cuentan para la presentación de alegaciones. Pero aún así, el proyecto de un paseo marítimo a partir de la línea de deslinde significaría la expropiación y afección de un grupo mayor de vecinos. No obstante, Ortega aseguró que "no veo la forma de ganar a Costas porque los jueces no dejan pasar nada".

De ese modo, la Plataforma ha decidido una estrategia de presión social. "Una campaña de prensa internacional que hará que echen a la cúpula del Ministerio por el radicalismo del equipo y a promover medidas protectoras o de la reforma de la ley de Costas, bajo el principio de que las playas son públicas y para evitar abusos sobre la propiedad privada", sentenció Ortega.

De esta forma, según explicó Sebastián Alcaraz, miembro del colectivo, se quiere acabar con la imagen de "gangsterismo" que el ministerio está dando en la Unión Europea a través de sus vecinos residentes en España.