L os usuarios del puerto deportivo de Calpe -Puerto Blanco- siguen con la incertidumbre creada tras el precinto de la conselleria de Infraestructuras que impide, según el mismo organismo autonómico, el uso del varadero por falta de seguridad. Un aspecto que ayer fue tachado de secundario por los trabajadores de los pantalanes. De hecho el gerente del puerto, Antonio Trives, recordó que «nunca ha habido ningún percance o accidente» en dicha zona de reparación y salida a tierra de embarcaciones. «Se han puesto a cerrar el restaurante y la escuela de buceo que se encuentran en el otro muelle», explicó el propio Trives. Para el gerente de Puerto Blanco todo se remonta al proyecto de ampliación del puerto, cuyo incumplimiento por parte de la concesionaria VAPF, se ha traducido en la caducidad de la explotación por no haber construido la segunda fase que dotaría a la instalación de 500 nuevos amarres. «La empresa en todo este tiempo ha presentado hasta 14 borradores de proyectos de ampliación, siete en los últimos dos años», arguyó Trives. Y todo ello para cumplir con lo pactado, pero se ha ido retrasando por el cambio de las leyes y los diferentes pleitos que los dueños de Puerto Blanco mantienen con la conselleria y el propio ayuntamiento. El consistorio calpino calificó en su momento como suelo protegido el espacio de expansión de la zona portuaria, lo que ha generado una batalla judicial sin precedentes.
El gerente de Puerto Blanco resumió la situación con la afirmación de que «no hemos construido porque no nos han dejado» y apuntó que han realizado todos los estudios e informes medioambientales para que la segunda fase del recinto náutico se adecue a la legislación actual. La recuperación del puerto por parte de Infraestructuras y Transportes en el mes de febrero se encuentra en los tribunales. «La concesión caducó pero impusimos una demanda después de que la conselleria rechazara un recurso de alzada», matizó Trives.
