Los alcaldes de Xàbia, José Chulvi, del PSPV, y de Benissa, Abel Cardona, de Reiniciem, no quisieron lanzar ayer las campanas al vuelo. Declararon en calidad de investigados (antes imputados) ante el juez de Dénia. Chulvi lo hizo tras denunciarlo Ciudadanos por fraccionar contratos. Cardona compareció al acusarle el sindicato Csif de no expedientar a un inspector de la policía local que prestó uno de sus viejos uniformes a un amigo para que se disfrazara en las fiestas. Los munícipes se mostraron confiados de que estas causas ya no llegarán muy lejos. El mutis de las acusaciones particulares (sus abogados no acudieron a las declaraciones) les hace pensar que las denuncias sólo perseguían que se les fotografiase entrando en un juzgado. Ambos defendieron ante el magistrado que no han cometido ninguna irregularidad. Al acabar, evitaron hablar sobre el posible archivo, pero ambos intuyen que, tras la declaración de ayer, está más cerca.

Que los dos munícipes acudieran el mismo día a declarar fue pura coincidencia. También pasó por el juzgado un tercer alcalde, el de Jesús Pobre, el socialista Javier Scotto, quien es edil de Seguridad en Dénia. Pero fue para ratificar la denuncia por un posible delito de odio por los insultos homófobos que profirió contra él un policía local.

«He cumplido el trámite que tocaba. Respeto los tiempos judiciales y ahora hay que esperar», dijo Chulvi. Subrayó que el ayuntamiento, como requirió el juez, ya había enviado los informes de los técnicos municipales que avalaban que «todo se ha hecho bien». «Está todo explicado en esa documentación y, sí, ya se pedía entonces el archivo», precisó.

La denuncia por fraccionar contratos y servicios que suben a 521.000 euros la presentó Ciudadanos. Ayer dio la espantada. En realidad, ya la había dado antes. No depositó la fianza de 2.500 euros exigida para seguir como acusación particular.

«Estoy muy tranquilo. Este equipo de gobierno trabaja con buena fe y sin perjudicar ni beneficiar a nadie», manifestó Abel Cardona al salir del juzgado. El abogado del Csif, el sindicato que inició la querella contra el alcalde, tampoco acudió. En este caso, el sindicato trasladó los hechos al Fiscal de Alicante, que vio indicios de posible prevaricación. El alcalde ha acabado en los tribunales por no expedientar a un inspector de la policía local que prestó uno de sus antiguos uniformes a un amigo para que se disfrazara. En la denuncia, se indicaba que, en lugar de sancionarlo, el primer edil lo promocionó.

«Que se dejen antiguos uniformes para un teatro o un disfraz es algo que ha pasado otras veces en Benissa y nunca ha ocurrido nada. Siempre se ha hecho con control y se han devuelto», expuso Cardona. «Esta causa no me preocupa», aseguró el alcalde.