25 de enero de 2018
25.01.2018

Calp ocupará el antiguo recinto ferial tras archivarse una querella por prevaricación

La Audiencia rechaza la denuncia por la que llegaron a declarar como investigados una edil del PP y el exalcalde del Bloc

05.02.2018 | 22:34

Vía Libre. El Ayuntamiento de Calp ya puede disponer del terreno donde hace más de una década el entonces alcalde, Javier Morató, del PP, montó el recinto ferial. La historia es rocambolesca. El ayuntamiento ocupó entonces la finca, de 15.000 metros cuadrados, de forma ilegal. Seguía siendo privada. El juzgado obligó en 2008 a desmantelar la carpa de ferias. Y al consistorio la fiesta le costó como poco 700.000 euros. Esa fue la indemnización fijada por el tribunal, pero también se pagaron intereses.

Y la cosa no acabó ahí. La familia dueña de estos terrenos presentó una querella por prevaricación, falsedad documental y un delito contra la ordenación del territorio contra la actual edil del PP Ana Sala, el exalcalde del Bloc Ximo Tur y tres técnicos municipales. Les acusaba de desistir de la expropiación forzosa y de valorar muy por lo bajo el terreno. Con Tur de alcalde, la valoración de esos 15.000 metros cuadrados fue de 53.571 euros. Los propietarios los tasaron en 2,5 millones. El jurado provincial de expropiaciones se arrimó más al ayuntamiento. Valoró el terreno en 95.552 euros.

Y siguieron los litigios. Un juzgado de Alicante le dio la razón a la familia y anuló la caducidad de la expropiación acordada por el consistorio en pleno cuando ya era alcalde el popular César Sánchez.

Ahora el gobierno local de Sánchez ya empieza a vislumbrar el final de un conflicto mantenido durante más de una década. La Audiencia de Alicante ha archivado definitivamente la querella que los propietarios interpusieron contra Ana Sala, Ximo Tur y los tres funcionarios. La vía penal está agotada. Ana Sala, que es la presidenta del PP local y ahora edil de Deportes (el alcalde la apartó de Urbanismo para evitar desgastarla, ya que suena como su sucesora), se quita un peso de encima. Tanto ella como el exalcalde llegaron a declarar en calidad de investigados (antes imputados).

El gobierno local ve ahora el camino expedito para ocupar este terreno y disponer de él. Abonó hace dos años los 95.552 euros. La expropiación está hecha. Pero no quería mover ficha hasta que se aclarase lo de la querella.

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