Uno de los hijos del ministro de Franco Mariano Navarro Rubio ha iniciado ante notario un expediente para inscribirse en el registro de la propiedad mil metros cuadrados del dominio público marítimo terrestre de la playa de piedra tosca de la Punta de l'Arenal de Xàbia. Rafael Navarro Rubio Serres, que es uno de los cotitulares de la Finca de San Rafael, el chalé que su padre se construyó en los años 60 en un terreno que, además de estar en el litoral público, escondía un yacimiento arqueológico de época romana, reclama que se «rectifique» la superficie ahora registrada, de 6.680 metros cuadrados, y se aumente a 7.685. Atribuye a un error que no conste la extensión «real» del trozo de costa que Mariano Navarro Rubio compró al Ayuntamiento de Xàbia por 10.000 pesetas en 1959.

El expediente se ha incoado este mismo miércoles. Hay un mes de plazo para que los interesados puedan presentar alegaciones.

La pretensión del heredero del ministro de Hacienda entre 1957 y 1965 desempolva los privilegios franquistas que todavía perduran en el litoral xabienc. Esta familia los apuntaló cuando en 1981 el ministro de Obras Públicas concedió a la empresa Puntar SA, gestionada por Navarro Rubio, la «utilización gratuita y permanente» de este terreno del dominio público y legalizó las obras del chalé.

Eso sí, la Ley de Costas sí puso fecha de caducidad a la apropiación de esta costa. Pero en 2014, al modificar el Gobierno del PP el reglamento de la Ley de Costas, los descendientes del ministro de Franco obtuvieron 75 años más de concesión.

En el expediente para pellizcar mil metros más de playa de tosca, el hijo de Navarro Rubio apela a la orden de Obras Públicas del 18 de diciembre de 1981 por la que se legalizaba la ocupación de esta franja litoral que linda con el Parador de Turismo de Xàbia. También se invoca la Ley Chapaprieta de 1935, que dio a los ayuntamientos la titularidad del litoral y que fue en la que se amparó el alcalde en 1959, Juan Tena, para vender por 10.000 pesetas este terreno al entonces ministro (en realidad la transacción se hizo con su esposa) y por la misma cantidad otros trozos de la costa del Primer Muntanyar a Benito Sáez, a la sazón gobernador civil de Alicante; Rafael Almazán, que era registrador de la propiedad, y al escritor Ramón Llidó. El alcalde quiso congraciarse con los poderosos del franquismo.

Solo Navarro Rubio llegó a construir. Además, el Tribunal Supremo anuló en 1987 las ventas. Sostuvo que el dominio público marítimo-terrestre es inalienable. El chalé del ministro esquivó, sin embargo, ese pleito. El Gobierno ya democrático lo había legalizado 6 años antes.