19 de septiembre de 2017
19.09.2017

Compromís pacta en Benitatxell con una concejala procesada por corrupción

La formación fuerza, con una edil que irá a juicio acusada de falsificación y estafa, un pleno para quitar el sueldo el alcalde

24.09.2017 | 00:27

El pacto más inverosímil es posible en el Poble Nou de Benitatxell. Compromís, que tiene tres ediles y está en la oposición, se ha buscado a una socia incómoda. Los valencianistas, ahora que el gobierno local (RED, PP y Pideb) se halla en minoría tras abandonarlo el concejal popular Antonio Colomer, están dispuestos a apretarle las clavijas al alcalde, Josep Femenia, de RED, y a sus cuatro concejales. La aritmética les allana el camino. Se han aliado con la edil independiente Nieves García, que fue portavoz del PP en el anterior mandato, y con el desafecto Colomer. Ya han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario para retirar competencias al gobierno local y reducir a la mínima expresión sus sueldos. El munícipe y sus ediles de gobierno, que ahora ingresan 1.300 euros netos al mes, pasarán a percibir 450 el munícipe y unos 175 los concejales.

Compromís, eso sí, se ha arrimado a una regidora, Nieves García, que el PP ya no quiso de candidata al estar imputada por un caso de corrupción. García se sentará en el banquillo de los acusados más pronto que tarde. Está ya procesada por los delitos de falsificación continuada y estafa.

Un juez de Dénia investiga la falsificación de la firma del secretario municipal en pagos que Nieves García validó con su rúbrica cuando era primera teniente de alcalde del PP (entre 2009 y 2011). El magistrado emitió el pasado 31 de agosto el auto apertura de procedimiento abreviado, es decir, de juicio.

Considera que la edil y el constructor que se benefició de certificaciones y pagos amañados por más de medio millón de euros pudieron falsear la firma del funcionario público.

La concejala reconoció que sí que era su rúbrica la que figuraba en los aplazamientos de pagos y endosos bancarios. El constructor Bolufer Llobell, que fue el contratista de todas las obras públicas, también estampó su firma en los documentos.

Ha quedado probado, y así lo constata el juez, que el delito de falsificación existe. Donde debía estar la firma del secretario hay un garabato mal hecho.

El magistrado deja claro que el constructor fue el beneficiario de los pagos fraudulentos y que la concejala «podría convertirse en cooperadora necesaria» de la falsedad continuada.

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