«Estamos buscando a la desesperada, pero no encontramos nada. En estas fechas es imposible alquilar un piso en Dénia». Pedro José Oliver se ha quedado con su hermano en la calle. No son los únicos. Una pareja con un hijo de 12 años tampoco ha encontrado una nueva vivienda. Esas dos familias se veían ayer pidiendo favores a amigos para que los alojaran hasta que pudieran alquilar a precio razonable un nuevo alojamiento. Agotaron al máximo el plazo de una semana que dio el Ayuntamiento de Dénia para desalojar las diez viviendas del primer bloque del Grupo Antonio Catalá. Los técnicos municipales han detectado problemas estructurales en esta finca. El plazo de una semana que el consistorio dio a los vecinos para que abandonaran sus casas y buscaran otra vivienda acabó ayer. A las 9 de la mañana, se presentaron seis policías locales, la concejala de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, y un técnico municipal. Ordenaron a las dos familias que recogieran lo imprescindible y salieran de sus casas (viven de alquiler). La policía precintará hoy este bloque.

Las dos familias se marcharon a regañadientes. Insistieron en que un arquitecto contratado por la comunidad de propietarios inspeccionó la pasada semana el edificio y no encontró grietas. Intentó reunirse el viernes con los servicios municipales para parar al desalojo. Pero la maquinaria administrativa ya estaba en marcha. Los vecinos desalojados aseguraron que el ayuntamiento denegó esa reunión dado que el arquitecto no había concertado una cita previa.

Las familias han ido buscando en estos días otra vivienda. Pero dos de ellas se han quedado en la calle. «Ahora los alquileres están muy caros. Hasta por lo menos mediados de septiembre no vamos a encontrar nada», indicó Oliver, un joven que trabaja de camarero. «Mi hermano y yo estamos buscando. Mi casero también. Mientras, tenemos nuestras cosas en el coche y en el almacén de mi jefe. Nos han dejado en la calle. Rezamos para que nos salga algo», manifestó.

La situación de la otra familia es si cabe un punto más desesperada. El llanto se apoderó de Cecilia, angustiada de que su hijo de 12 años se quede sin casa. «Está a punto de comenzar el colegio y no tenemos a donde ir», dijo.

Ninguno de los vecinos lleva bien el desalojo. Ampara Santacreu, la única propietaria que estuvo presente ayer en el desalojo, también rompió a llorar. «Lloro de rabia porque no sabemos cuándo la gente podrá volver a sus casas». Santacreu afirmó no entender por qué el viernes los servicios municipales no recibieron al arquitecto contratado por los vecinos. Precisó que la situación es «excepcional». «Nuestro arquitecto no detectó problemas estructurales», insistió. Y sostuvo que debieron hacerse catas y pruebas de carga antes de precintar el bloque y declararlo inhabitable.

El ayuntamiento ya tenía previsto desalojar esta finca la pasada semana. Concedió siete días para que los vecinos pudieran buscarse otra vivienda. La inspección municipal considera que existe un evidente riesgo de derrumbe. Los técnicos acudieron a revisar un balcón que se cae a trozos y que está apuntalado. La finca, construida en los años 60, muestra por fuera un aspecto bastante deteriorado. Los vecinos sí se han preocupado por arreglar sus pisos. Ahora deberán presentar cuanto antes un proyecto de rehabilitación e iniciar las obras.