El Ayuntamiento de Dénia y la Conselleria de Vivienda y Territorio estudian desde ayer el enésimo varapalo judicial al urbanismo de la ciudad. El Tribunal Supremo ha anulado el Régimen Urbanístico Transitorio, unas normas para ordenar el urbanismo de la ciudad que fueron aprobadas en la legislatura anterior tras anular otro juez las que estaban vigentes. La sentencia devuelve a Dénia al urbanismo de 1972, con la salvedad de que la normativa de entonces y la de ahora es incompatible. Por ejemplo, en aquellos años no había tanto espíritu proteccionista o de prevención de las inundaciones.
Tras hacerse pública la sentencia, tanto el ayuntamiento como la Generalitat señalaron que se ponen a disposición de los servicios jurídicos de la Conselleria de Vivienda con el fin de que sean los expertos los que digan los pasos a tomar a partir de ahora para «devolver la seguridad jurídica y urbanística» a la capital de la Marina Alta.
En este sentido, desde el departamento que dirige María Jose Salvador destacaron que este caso es «uno más de las innumerables sentencias de los tribunales anulando planes urbanísticos» y en caso de Dénia por «no respetar el trámite de información pública». Además, insistieron en que el documento que los jueces han rechazado «fue aprobado en 2013 a propuesta de la anterior titular del área Isabel Bonig así como el anterior gobierno local de Dénia que también estaba en manos del PP». Desde conselleria subrayaron que «la decisión del anterior gobierno de no someter a información pública los planes urbanísticos, en contra del criterio sentado por los Tribunales, tiene graves consecuencias».
