Las aguas bajan revueltas en el Club Náutico de Altea después de que el Consell comunicara a los responsables de la entidad sin ánimo de lucro su decisión de multiplicar por siete el canon que se debe satisfacer para continuar prestando servicios. Así, de los 50.000 euros anuales que se abonaban hasta ahora, la Administración autonómica pretende cargar a las arcas del club 350.000 euros. Además, la nueva autorización administrativa para gestionar las instalaciones «llega tarde y mal, sujeta a una provisionalidad tan extrema que, de facto, impide plantearse siquiera una mínima inversión para mejorar o reparar las instalaciones, obsoletas tras el paso de los años», según un comunicado hecho público por la instalación deportiva.

Esa nueva autorización está limitada a tres meses y sujeta a prórrogas mensuales hasta un máximo de tres años, por lo que desde el Club Náutico se considera que no hay ninguna garantía de continuidad. El presidente de la entidad, José Román Zurutuza, asegura que «es evidente que lo que realmente quieren es ahogarnos, asfixiarnos económicamente. Para hacer frente a la nueva tasa, inicialmente ya hemos reducido actividad deportiva y ampliado el precio de los servicios, lo que significa que somos menos competitivos. Para ellos, objetivo cumplido. Para las marinas deportivas privadas, una gran noticia porque se relamen soñando con una futura concesión que convertirá en entes elitistas lo que hoy es un servicio social y económico de promoción y práctica de deportes náuticos».

Impugnación

La junta directiva del club ha abordado en profundidad la delicada situación por las nuevas condiciones de la autorización administrativa otorgada por la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana para seguir utilizando las instalaciones en precario.

El Club Náutico ha decidido impugnar el nuevo canon, vía recurso de reposición, y conforme avance el caso se reserva emprender otro tipo de acciones administrativas y jurídicas. El recurso que se formalizará en los próximos días estará basado en «evidentes» errores materiales y de hecho cometidos por la empresa que en 2014 tasó las instalaciones, de cuyo resultado dependía el montante económico a satisfacer, de acuerdo a la Ley de Puertos, que establece ese canon en el 5% del valor resultante.

Esa tasación, que el club considera ilegal, se realizó en febrero de 2014, con anterioridad a la aprobación de la Ley, por lo que es «nula» de pleno derecho, según la institución alteana. El documento estima que los terrenos, la lámina de agua y las instalaciones que hoy gestiona el club tienen un valor de 5.792.849 euros. «Nos han engañado», denuncia Zurutuza.

La junta ordinaria ha decidido aumentar en un 10% las tarifas generales y las cuotas de amarre a los socios desde el día 1 de julio, además de suspender diversas actividades sociales previstas, cancelar el programa de captación de jóvenes para la cantera del equipo de remo y reducir las competiciones deportivas oficiales. Todo ello a la espera de un estudio de viabilidad económico-financiero y de gestión deportiva náutica, para el período 2018-2020, en el que se está trabajando para asumir la dotación del nuevo canon, que será recurrido. "La situación conllevará nuevos recortes en la actividad deportiva y gastos de explotación, con especial preocupación en la conservación y mantenimiento de la instalación portuaria que ha superado ampliamente su vida útil y nuevas variaciones en cuotas y tarifas de servicio. Ello se traducirá, de forma inmediata, en una merma de su competitividad económica y deportiva», según el club.