El sector de la cereza de la provincia se ha plantado contra el acoso que, afirma, está sufriendo por parte de las inspecciones de trabajo. Un centenar de productores se concentró ayer en Vall de Gallinera, ante la sede del Consejo Regulador de la Denominación Montaña de Alicante, para protestar por la «persecución» que están sufriendo las pequeñas explotaciones familiares. Todo ello, además, en un contexto de cuatro años consecutivos de pérdidas, lo que puede desembocar en el abandono de los campos y un incremento del éxodo rural.
La sede del Consejo Regulador de Cerezas Montaña de Alicante en Alpatró fue ayer el escenario de una protesta contra el acoso y persecución que, aseguran, está sufriendo esta campaña el sector por parte de las inspecciones de trabajo. Un centenar de productores protagonizó una concentración convocada por el propio consejo, ASAJA y las principales cooperativas de la zona, en la que se esgrimió una pancarta en la que se podía leer el lema «Queremos trabajar, no somos delincuentes. Somos agricultores, medio ambiente, paisaje y economía social».
El presidente del Consejo Regulador, Hilario Calabuig, manifestaba que «ni mucho menos estamos en contra de la ley, pero se tendría que respetar la casuística familiar de las explotaciones de la zona de montaña. De toda la vida las familias vienen los fines de semana a recolectar en sus propiedades y ayudarse los unos a los otros, y el acoso que estamos sufriendo esta campaña no se había dado nunca». Calabuig, además, se mostraba contrariado por las formas. «El otro día -indicaba- entraron en una parcela nada menos que cuatro inspectores y dos policías judiciales. Parece que hayamos cometido un crimen».
El presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, se expresaba en parecidos términos, manifestando que «si una familia está trabajando en su parcela, o un hijo ayudando a su padre, no tiene sentido alguno que vengan y los sancionen, porque si no se hiciese de esta forma no se haría. Hablamos de pequeñas parcelas en zona de montaña que no tienen una finalidad mercantilista, sino una función social y familiar de mucho arraigo que además fija población en las zonas rurales. La gente que viene de fuera tiene que estar en regla, pero que dejen trabajar libremente a las familias».
Todo ello se está dando en un momento en que se acumulan años de pérdidas, incluído el actual, en que ha habido mermas de producción del 50% por la lluvia. «Esta presión no puede hacer otra cosa que acelerar el abandono de los campos», lamentaba Aniorte.
