El plan del gobierno de Calp (PP e independientes) era un secreto a voces. Tras la sentencia del Supremo que obligaba al Ayuntamiento a readmitir a los 14 trabajadores (uno falleció en agosto) que pleitearon hasta el final contra el despido masivo de 2012, cuando el entonces nuevo alcalde, el popular César Sánchez, puso de patitas en la calle a 71 empleados, el concejal de Personal, Manuel Cabrera, ya había deslizado que no había hueco para nadie. El pasado 1 de marzo, el gobierno local dio vacaciones a estos empleados, ese día recién admitidos. Ayer volvían de su asueto. Y el jefe de Recursos Humanos les dio la mala nueva. Nueve de ellos estaban en la calle. A cuatro sí se los ha recolocado en plazas vacantes.
A los despedidos se les dijo, según ha podido saber este diario, que su plaza estaba amortizada. «Ya no hacéis falta», les espetó el jefe de Recursos Humanos. Estos trabajadores lo tienen claro. Denunciarán de nuevo al Consistorio por saltarse una sentencia del Tribunal Supremo. Ayer recibieron el cheque con la indemnización del despido, pero el Ayuntamiento les debe abonar todos los salarios de tramitación que no han percibido desde 2012.
El portavoz del PSPV, Santos Pastor, lamentó ayer que el gobierno local esté jugando con los trabajadores. Este concejal ya advirtió de que el tropiezo le saldrá al Ayuntamiento por un ojo de la cara. Pagar salarios e indemnizaciones subiría a entre 1,5 y 2 millones de euros.
