La sentencia del Supremo que obliga al Ayuntamiento de Calp a readmitir de inmediato a 14 de los 71 trabajadores que el gobierno local despidió en 2011, al entrar de alcalde, Cesar Sánchez, del PP, ya ha provocado reacciones políticas. El PSPV exigió al alcalde que dimita. El portavoz socialista, Santos Pastor, subrayó que esos despidos fueron «arbitrarios y sectarios». Dijo que Sánchez debe irse a casa. Afirmó que el Ayuntamiento deberá desembolsar más de un millón de euros. Debe abonar a los 14 trabajadores que llegaron al Supremo y han ganado el litigio (los otros desistieron por el camino) todos los salarios que dejaron de percibir desde que se hizo efectivo su despido en febrero de 2012.

Mientras, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, exigió que quienes votaron a favor de los despidos asuman su responsablidad patrimonial, es decir, que paguen de su bolsillo las indemnizaciones.