«Con este cambio normativo se retrocede un siglo en los derechos de las personas con diversidad funcional». Así de tajante se mostró ayer el director general de Diversidad Funcional, Antonio Raya, tras conocer la reforma del Código Civil que preparan el Gobierno central y que contempla que las personas ciegas y sordas deberán presentar una autorización médica para casarse. Para Raya, este cambio «va precisamente en el camino contrario en cuanto a eliminar las restricciones actuales y prestar apoyo al colectivo para que puedan tomar sus propias decisiones». Limitar el derecho a casarse, sostiene, «es un paso atrás considerable».

Respecto a las medidas que piensa emprender la Conselleria de Igualdad, y en general el Gobierno autonómico, el responsable de Diversidad Funcional señala que «es un tema que vamos a tratar con la Conselleria de Justicia para tomar una decisión». En cualquier caso, añade, «vamos a mostrar nuestra posición contraria a esta reforma de la norma».

El cambio en el artículo 56 del Código Civil ha causado también una gran indignación en todo el colectivo de personas sordas. «Es contrario a lo establecido en la Convención ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una norma internacional que España firmó y ratificó quedando obligada a su implementación», afirma Carolina Galiana, vicepresidenta de la Fesord, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad.

Las personas sordas, a su juicio, «no necesitamos ningún informe médico que valore nuestra capacidad de consentimiento para que el notario, letrado o funcionario del Registro Civil nos dé su autorización casarnos y es esperpéntico que a partir del verano de 2017 sí lo sea». Es un «retroceso total en los derechos civiles de las personas sordas», añade Galiana. La responsable de Fesord asegura que sus organizaciones «ya se han movilizado para arreglar este despropósito».

El sindicato CC OO también ha pedido que se retire este punto de la reforma. «Esta es una manifestación más de la desconexión de cierta elite política con la realidad social y las necesidades de los ciudadanos», señaló ayer el sindicato a través de un comunicado.

«¿Un certificado médico sobre qué? ¿Sobre lo que significa el matrimonio? ¿Sobre mi discapacidad? No lo entiendo». José Luis Martínez desconocía la modificación del artículo 56 del Código Civil, un cambio que obligará a las personas con «deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales» a presentar un certificado médico sobre su «aptitud» para «prestar el consentimiento» y poder casarse. Jose Luis es ciego y se casó el10 de diciembre con Virtudes Grau, su amor desde hace una década. Tenían la cita concertada desde 2014. José Luis no sabe qué habría dicho si le hubieran pedido un certificado médico para poder casarse, algo que le ocurrirá a las parejas que contraigan matrimonio a partir del 30 de junio de 2017.

Ni tan siquiera sabe si se habría casado porque la obligación implica una discriminación que no está dispuesto a asumir. «Yo me casé hace diez días y allí estábamos mi mujer y yo y los testigos. Si no, ¿para qué sirve la figura de los testigos? El certificado ese no hace ninguna falta porque solo sirve para señalar a un colectivo, para discriminarlo. De verdad que me parece increíble».