El Ayuntamiento de Calp, cuyo alcalde es el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del PP, está otra vez en el disparadero por sus gastos de personal. La Subdelegación del Gobierno de Alicante ha presentado un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Alicante contra el acuerdo de pleno del 23 de marzo de 2015 por el que el Consistorio aprobó de forma definitiva el presupuesto y la plantilla de personal. Aquellas cuentas subieron a 32,6 millones y el gasto de personal, a 13,3 millones. El Gobierno interpreta que el aumento de 457.950 euros en la partida de personal respecto al presupuesto de 2014 supuso un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La notificación del recurso la han recibido numerosos trabajadores municipales.

El concejal de Personal, Manuel Cabrera, del PP, explicó ayer a este diario que los empleados a los que les ha llegado esa notificación (se les indica que tienen 9 días para «comparecer» en el expediente) son a los que el pasado año se les incrementó el sueldo. El edil defiende la justicia de esa mejora salarial, que «les igualaba o compensaba un complemento específico que tenían desfasado». Avanzó que esta semana se reunirá con el abogado del Ayuntamiento para conocer la repercusión que puede tener que un juez anule el presupuesto y la plantilla municipal de 2015. «De entrada, presumo que la consecuencia puede ser que los trabajadores tengan que devolver el incremento que han percibido», especuló.

El concejal también sugiere que el Gobierno es demasiado restrictivo a la hora de aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dado que «parece que los ayuntamientos no podemos tocar el capítulo 1 de gasto de personal».

El Consistorio, tras aprobar un severo plan de ajuste en 2012, que significó el despido de 76 trabajadores, ha ido recuperando el pulso económico. El presupuesto de 2015 subió en dos millones de euros respecto al de 2014. Esa tendencia ha continuado este año. Las cuentas han ascendido a 34,6 millones y la partida de personal ha engordado en 776.825 euros. Mientras que la partida de retribuciones a los políticos se había mantenido congeladas en los últimos años, ahora ha dado un estirón de 182.550 euros. Ha pasado de los 167.050 euros de 2015 a 349.600.