Nadie diría hoy que en unos salones que crían telarañas y en los que la maleza se cuela por las ventanas se solazaron en los años 70 y 80 banqueros tan influyentes como Pedro Toledo y Emilio Ybarra, quienes, amenazados por ETA, hallaron en la urbanización El Tosalet, en Xàbia, entonces paradigma del turismo de lujo, un refugio dorado. El club social del Tosalet, inaugurado en junio de 1967 por el mismísimo ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, es hoy una ruina. No queda ni rastro de su antiguo esplendor. Aquí jugaron al tenis (las pistas las estrenó Manolo Santana), se zambulleron en sus dos piscinas (una climatizada), se relajaron en la sauna o disfrutaron de fiestas privadas influyentes políticos y empresarios. La urbanización la promovió Julia Jiménez Muro, conocida en Xàbia como Doña Julia. Tuvo oficinas de venta en Madrid y el País Vasco. De allí llegaron los primeros propietarios de chalés. En los 80, ya compraron casas las familias de la burguesía valenciana.
Su club social cerró en el año 2000. Y quedó abandonado. Esta semana el Ayuntamiento de Xàbia ha entrado en esta parcela de 32.665 metros cuadrados. Lo ha hecho con una orden judicial. Ha roto los tres candados que cerraban uno de sus accesos.
La maleza y los pinos se han apoderado de todo. El riesgo de incendio es enorme. Y el club está en el corazón de la exclusiva urbanización del Tosalet (cuenta con 700 chalés). Además, su decadencia roza la insalubridad. Los vecinos han denunciado la presencia de ratas.
La propia comunidad de propietarios del Tosalet, que preside el empresario valenciano Jesús Barrachina, exigió hace tres años al Consistorio que limpiara la parcela.
El club social es propiedad de la mercantil Club de Campo Tosalet, SL. La mitad de las acciones pertenecen a Francisco Fenollar, empresario valenciano del sector de las energías renovables. El otro 50% lo posee la mercantil Nuevo Tosalet, SL, que está integrada por propietarios de la urbanización. Uno de los que tiene más acciones es el abogado Federico Hernández, miembro del Consell Jurídic Consultiu.
El juez ha autorizado al Ayuntamiento a desbrozar la parcela durante un mes. Los operarios municipales limpiarán la maleza y retirarán los pinos que han crecido durante 15 años. Luego le pasará la factura a unos propietarios que tienen estas instalaciones embargadas. Más pronto que tarde saldrán a subasta.
