Un informe del director del Área de Servicios Jurídicos de la Diputación de Alicante ha desestimado un recurso de Compromís contra un acuerdo plenario de esta institución por el que se concedía una ayuda para mejorar los accesos a las urbanizaciones de Calpe y a partidas rurales de Benissa desde la N-322.
El grupo Compromìs interpuso un recurso de reposición contra ese acuerdo adoptado en un pleno de la Diputación de Alicante celebrado el pasado 4 de mayo y que salió adelante gracias al voto de calidad del presidente de esta corporación provincial, César Sánchez (PP), tras la segunda votación para deshacer el empate, en el que el PP votó a favor, el PSPV, Compromís y EU en contra, y Ciudadanos se abstuvo.
En ese pleno, el grupo Compromís definió la aprobación de esa ayuda como un supuesto "abuso de poder" y aludió a que César Sánchez, que es también alcalde de Calpe, podría estar dando prioridad a esta actuación por delante de otras.
El próximo viernes se ha convocado la comisión informativa de Infraestructuras donde se dará cuenta del citado recurso de reposición.
Un informe del director del Área de Servicios Jurídicos de la Diputación de Alicante, al que ha tenido acceso Efe, concluye en desestimar ese recurso.
Entre sus conclusiones, el informe dice que "no concurre el deber de abstención" del presidente de la Diputación en este asunto, pues "la actuación que pretende la Diputación recae única y exclusivamente en suelo de titularidad municipal y, según lo convenido y ratificado por el pleno del Ayuntamiento de Calp, la financiación de tal infraestructura viaria será a cargo de fondos públicos".
Señala también que, "habiéndose acreditado que se dispone de las autorizaciones y permisos correspondientes de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, dicha actuación no tiene ninguna incidencia en ninguna propiedad de ningún ciudadano, sino solo en terrenos de titularidad municipal".
Se trata del segundo informe jurídico que avala la actuación del presidente de la Diputación de Alicante.
El primero se presentó el pasado 18 de mayo y fue firmado por la secretaria general de la corporación provincial, en el que concluía que "no procedía informar sobre la concurrencia o no de causa de abstención en el Ilmo. Sr. Presidente" e indicaba que, "en todo caso, no concurre causa de abstención".
