«Codicia llevada al límite». La expresión la utiliza el juez de Dénia que ha investigado la trama del agua de Calp. En el auto de apertura de procedimiento abreviado, previo a que el fiscal y la acusación pidan ir a juicio oral, el magistrado subraya la «codicia» de los dos principales acusados, el exdiputado provincial y exedil de Calp, Juan Roselló, del PP, y su cuñado, Francisco Artacho. No contentos con inflar las obras de renovación de la red de agua inflar las obras en casi un millón de euros, luego dejaron de pagar a las subcontratas. Desviaron, según las cifras que maneja el magistrado, casi dos millones de euros.

El juez advierte de que el exconcejal y su familiar (ambos también están imputados por el fraude de la basura de Calp) urdieron junto a los otros cinco investigados la trama de subcontratas y sobreprecios.

Obras Hidráulicas de Levante, la empresa que obtuvo el contrato a dedo y que pertenecía a Artacho, quien a toda prisa le cambió el nombre y objeto social para dar el pego (antes se llamaba Buzoneo IRD, S. L., y se dedicaba a echar cartas y publicidad en los buzones), recibió del ayuntamiento de Calp, a través de la empresa mixta Aguas de Calpe, de la que Roselló era consejero delegado, casi 3,2 millones de euros. Ese dinero procedía de las tarifas que pagaron los vecinos. Pero las obras, apunta el juez, costaron en realidad 2,2 millones. OHL, sin embargo, solo pagó a la mercantil a la que subcontrató, Montubo Obra Civil, 1.295.000 euros. Por tanto, por el camino «se perdieron» casi dos millones. Montubo echó mano de otras empresas (tampoco cobraron) que, junto al PSPV de Calp y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, ejercen la acusación particular en este caso.

También están imputados Jesús Lara Santamaría y Victoriano Sánchez, los hombres de paja de Artacho en OHL. El cuñado no podía dar la cara. El juez indica que el accionista mayoritario de la mercantil utilizó a sus socios «a cambio de una contraprestación económica» para «detraer fondos de esta entidad para su beneficio particular en perjuicio de los usuarios del suministro, de las arcas públicas y de las empresas subcontratadas». Otro imputado, Antonio Ramón Céspedes, recibió sin justificación pagos de OHL por 435.801 euros.

También están implicados Francisco Zorrilla y Albert Mut, dos cargos de Aguas de Calpe, la empresa que contrató a la mercantil de Artacho y que justificó no hacer concurso por «la especificidad técnica» del proyecto.