22 de abril de 2016
22.04.2016
Exalcalde de Calp

Piden 8 años de inhabilitación para Morató y dos exediles por amañar un alquiler

Visto para sentencia el juicio contra el exalcalde de Calp, Towsend y Juan Vicente García

27.04.2016 | 00:41

El primer caso por el que el gobierno de Javier Morató, quien fue alcalde de Calp por el PP entre 1995 y 2007, debe rendir cuentas en los tribunales ya está visto para sentencia después de que el pasado viernes se celebrara en el juzgado de Benidorm el juicio por el alquiler supuestamente amañado del piso de Linda Towsend al propio ayuntamiento. El arrendamiento se mantuvo entre 2005 y 2009, años en los que Towsend era concejala del PP. La edil había arrendado la vivienda a un matrimonio británico amigo suyo. Les cobraba 600 euros al mes. El ayuntamiento pagaba a su vez a este matrimonio por alquilarle el piso 600 euros.

En el juicio, el fiscal y la acusación, que ejerce el PSPV, pidieron ocho años de inhabilitación para el exalcalde Morató, para la exedil Linda Towsend y para Juan Vicente García, también del PP, quien era concejal de Sanidad cuando se realizó este alquiler. Los tres están apartados de la política.

García ya no acudió por enfermedad a la vista que se señaló para febrero. Entonces el juez la suspendió y la aplazó al pasado viernes. Confiaba en que el exedil se recuperara. Pero tampoco ahora ha podido asistir.

El fiscal y la acusación consideraron probado que el alquiler se amañó para que nadie detectara que el piso era de la entonces edil, quien, por incompatibilidad, no podía arrendarlo directamente al ayuntamiento. Coinciden en que los acusados cometieron un delito de prevaricación administrativa. Además, piden a la exedil Townsen que devuelva los 16.800 euros que supuestamente percibió por el alquiler fraudulento.

Las facturas del pago de alquiler que cada mes el entonces gobierno del PP llevaba a pleno contaban con informes desfavorables del interventor, quien en el juicio advirtió de que se cometieron dos irregularidades: los contratos con la administración no pueden ser verbales (este se selló de palabra) y, en este caso, no se realizó ningún expediente de contratación.

Las facturas se incluían entre las otras muchas que el gobierno de Morató elevaba a pleno como «reconocimiento extrajudicial de créditos». El volumen era tal que un pago de 600 euros de alquiler a un matrimonio británico pasaba desapercibido. Pero el PSPV sí vio extraño que cada mes se abonaran estas facturas con informes negativos de intervención. La vivienda se alquilaba para los médicos de refuerzo de verano del centro de salud de Calp. En esas fechas, estos facultativos lo tenían difícil para encontrar un apartamento. Pero, al final, las facturas terminaron por pasarse todos los meses.

Los socialistas tiraron del hilo y descubrieron que la verdadera propietaria era Towsend.

A Javier Morató y al exedil de Sanidad, el fiscal y la acusación los consideran también actores del supuesto amaño. El entonces alcalde daba su conformidad a las facturas (a veces quien las firmaba era su secretario).

La defensa pidió la absolución de los acusados. Uno de sus argumentos fue que el ayuntamiento, que es el eventual perjudicado por el pago del alquiler fraudulento, no se ha personado en esta causa.

El siguiente caso en el que está implicado el gobierno de Morató es el del fraude de la basura, en una pieza separada de la trama Brugal.

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