El exalcalde de Pego afirma que ha estado siete años en la cárcel «sin robar a nadie»

Carlos Pascual asume otra posible pena de inhabilitación y asegura que «no voy a volver a la política»

16.04.2016 | 01:00
El exalcalde de Pego afirma que ha estado siete años en la cárcel «sin robar a nadie»
El exalcalde de Pego afirma que ha estado siete años en la cárcel «sin robar a nadie»

El exalcalde de Pego, Carlos Pascual, vivió ayer un «déjà vu». Regresó a la Audiencia de Alicante, donde en 2003 ya se sentó en el banquillo de los acusados. El juez lo condenó entonces a seis años de prisión por causar daños en 600 hectáreas del Marjal de Pego-Oliva y por atentar contra el director de ese parque natural. En 2007, Pascual se convirtió en el primer alcalde de España que entraba en prisión por delito ecológico. Luego sumaría otra condena de 4 años y medio de cárcel por agredir al jefe de la Policía Local de Pego.

El juicio de ayer volvía a ser por el Marjal. Pascual, que ahora tiene 63 años y sigue trabajando de herrero, afirmó en su alegato final que «nunca he tocado ni un euro». «He estado siete años en la cárcel pese a que nunca he robado a nadie». El exalcalde aseguró que no le quita el sueño que ahora le vuelvan a inhabilitar. «Fui alcalde ocho años (entre 1995 y 2003, primero por UV y luego como independiente) y ya fueron demasiados. No voy a volver a la política», se sinceró ante el juez.

El exmunícipe se enfrenta ahora a una acusación de prevaricación y malversación por firmar, días antes de dejar la Alcaldía en 2003, facturas presentadas por la mercantil Ruzafa, SL, por obras en el Marjal (el concepto era limpieza de cauces y acequias). Esos trabajos, como confirmaron ayer en la vista los técnicos municipales, se llevaron a cabo al margen de los procedimientos de contratación. No contaban con proyecto, ni memoria, ni consignación presupuestaria.

El exresponsable municipal alegó que él no encargó las obras, sino que lo hizo la comunidad de regantes. También sostuvo que no ordenó pagar las facturas y que, al firmarlas, sólo les daba el «visto bueno». También estaban firmadas por el técnico municipal que entonces supervisaba las actuaciones en el Marjal. Contradijo a Pascual al declarar que él «suponía que sí las contrataba el Ayuntamiento».

El Consistorio mantiene un convenio de colaboración con la comunidad de regantes. En 2003, que fue cuando se realizaron esas obras de 399.000 euros, la aportación municipal fue de 120.000 euros. Con la subvención, los regantes deben realizar la limpieza de canales y ríos. Pero Pascual sostuvo que ese año los trabajos fueron más exhaustivos por la sequía y dado que los cauces estaban «colmatados de tierra». «Claro que debíamos ayudar a mantener ese dominio público. Es del pueblo y no solo de los propietarios de los arrozales», manifestó.

Las facturas las heredó el pacto de PP, PSPV y Bloc que apartó a Pascual del poder. Le sucedió en el cargo Carmelo Ortolá, que ayer también declaró en el juicio. Rechazó pagar las facturas porque no había expediente de contratación. Pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) condenó al Ayuntamiento a abonar a la mercantil los 399.000 euros. El Consistorio inició entonces acciones penales contra Pascual.

El fiscal consideró ayer probado que el exmunícipe prevaricó. Definió su gestión como «nefasta». Dijo que, cuando Pascual declaró como testigo en el contencioso en el TSJ, sí reconoció que había contratado las obras. «No es admisible que un cargo público contrate prescindiendo de todos los procedimientos». El fiscal pide 9 años de inhabilitación para el exalcalde por un presunto delito de prevaricación. La acusación, es decir, el abogado del Ayuntamiento, apreció también un posible delito de malversación. Arguyó que el alcalde le causó «un perjuicio al erario público». Le reclama una indemnización de 399.000 euros.

Mientras, el abogado de Pascual solicitó la absolución. Afirmó que «en Pego se sabe que las obras en el Marjal que no puede pagar la comunidad de regantes, las asume el Ayuntamiento». Defendió que esos trabajos se realizaron en el dominio público de ríos y cauces y beneficiaban a todo el pueblo. «Carlos Pascual es herrero y de procedimientos sabe lo justo», precisó.

En el juicio de ayer, declararon, entre otros testigos, el citado Carmelo Ortolá y la esposa de Pascual, Maite Ferrándiz, que era concejala de Urbanismo en 2003. Ferrándiz recaló en el PP y aspiró a la Alcaldía. Ahora también está apartada de la política.

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