Delito ecológico

Pascual: "He pasado 7 años en la cárcel y no quiero volver"

El exalcalde de Pego defiende que buscó el interés público al firmar las facturas por unos trabajos en la marjal

14.04.2016 | 00:52
Pascual: "He pasado 7 años en la cárcel y no quiero volver"

El exalcalde de Pego Carlos Pascual ha defendido hoy en un juicio que buscó el interés público al firmar las facturas por unos trabajos de limpieza en la marjal de esta localidad y ha suplicado a los jueces no volver a prisión, donde ha pasado siete años, según una información recogida por la agencia EFE.

"He pasado siete años en la cárcel y no quiero volver, señorías", ha declarado Pascual cuando ha hecho uso de su derecho a la última palabra al término de la vista oral celebrada en la sección segunda de la Audiencia de Alicante.

La fiscalía ha mantenido para él una petición de nueve años de inhabilitación tras acusarle de desarrollar, a su juicio, una "gestión absolutamente nefasta" en la corporación municipal y una actuación que, en su opinión, "no es admisible en una persona que ejerce un cargo público".

Pascual fue alcalde de Pego por un partido independiente durante ocho años y ha cumplido una pena de seis años de cárcel por un atentado ecológico que afectó a 600 hectáreas del parque natural de la Marjal Pego-Oliva.

La Justicia declaró probado que tanto él como el exconcejal de Agricultura José Orihuel impulsaron entre 1996 y 1998 la quema de vegetación, instalaron bombas y diques y abrieron caminos para el paso de vehículos, entre otras actuaciones prohibidas, para recuperar cultivos de arroz y revalorizar las fincas particulares ubicadas en su entorno.

Esas obras, que fueron ejecutadas por la mercantil Ruzafa SL, prosiguieron pese a la orden de paralización dictada por un juzgado de Dénia, causaron una mortandad masiva de peces y amenazaron de desecación al paraje, pues rebajaron su nivel hídrico.

El juicio celebrado hoy contra Pascual se centra en los 399.821 euros cuyo pago autorizó supuestamente el entonces primer edil a la misma empresa, Ruzafa, para que limpiara los arrozales de la marjal.

La fiscalía sostiene que el acusado "incumplió todas las formalidades legales necesarias" al adoptar esa decisión, porque supuestamente prescindió del correspondiente contrato administrativo, consignación presupuestaria, un proyecto o una memoria previamente aprobada.

Los arrozales no eran propiedad del Ayuntamiento, sino privados, por lo que la competencia para su limpieza y otros trabajos de cuidado en ellos correspondía a la Comunidad de Regantes de la Marjal Pego-Oliva, pese a existir convenios de colaboración entre ambas partes.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condenó en 2007 al consistorio a pagar esos trabajos porque el propio Pascual testificó que las obras "las había contratado él directamente, cosa que nadie discutió", según ha recordado hoy el fiscal de Medio Ambiente de la provincia de Alicante, Juan Carlos Carranza.

En su opinión, si Pascual no hubiera estado ocho años al frente de la Alcaldía pegolina, "si no hubiera estado ni siquiera uno", los ciudadanos se podrían haber "ahorrado una gestión absolutamente nefasta" que ha dado lugar "a diferentes procedimientos" judiciales.

La propia corporación local, que ejerce la acusación particular, atribuye al exregidor, además del delito de prevaricación, otro de malversación, por lo que sí reclama una pena de prisión para él.

Mientras tanto, la defensa ha pedido al tribunal que absuelva a su cliente tras alegar que las obras eran "urgentes e imprescindibles", también beneficiaban al "dominio público" y no podía "dejarse pudrir la marjal".

Pascual ha tomado la palabra al final de la vista para reiterar que no fue parte activa en la contratación de los trabajos y que solo trató de controlar mediante un inspector que éstos se llevaran a cabo.

"Todo lo que hice fue en beneficio del 90 % de Pego. La comunidad de regantes la forman 1.200 propietarios que abarcan a toda las familias de la población con un legado histórico en la concesión del agua y a mí me toco lidiar con una declaración de parque natural", ha dicho.

Además, ha aseverado que jamás se ha "llevado un euro, firmado algo para beneficiar a alguien ni robado nada" durante su etapa de alcalde, ha opinado que le han convertido en "un delincuente" por "hacer el bien público" y ha suplicado no volver a prisión.

"He pasado siete años en la cárcel y no quiero volver, señorías. Nunca me he beneficiado. Mi vida es ahora mi familia, yo ya estoy fuera de todo y solo quiero trabajar", ha concluido el acusado.

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