Una sentencia que da vía libre a la piqueta no siempre es suficiente para borrar del mapa un hotel, un chalé o una urbanización ilegal. El Tribunal Supremo ha allanado ahora el camino para la demolición del hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Se levantó en suelo del parque natural del cabo de Gata-Níjar. En la Comunidad Valenciana, también hay un Algarrobico, un símbolo del urbanismo salvaje que amenaza espacios de gran valor natural y paisajístico.
Ese Algarrobico alicantino (en realidad, es anterior) está en Dénia, se asoma al litoral de les Rotes y se levantó en terrenos que se protegieron al aprobar el Consell en 1987 la declaración del parque natural del Montgó. Al igual que el hotel que invade la playa de Carboneras, la urbanización de Dénia, llamada el Greco y que se comenzó a construir hace ya 43 años, sigue hoy en pie. Y también es una ruina. Los senderistas y ciclistas de montaña, que, junto a los grafiteros, son los únicos que se dejan caer por allí, la conocen como «el poblado fantasma».
«Sí, es un problema histórico del Montgó», convino ayer el nuevo presidente de la junta rectora de este parque natural, Joan Sala, quien aseguró que esa urbanización ilegal está condenada a la piqueta. «La cuestión es quién paga esas obras», advirtió.
Y sí. El Ayuntamiento de Dénia concedió la licencia de obras en 1973. La empresa Valcomar, S. A., llegó a construir 111 viviendas de las 616 previstas. La urbanización ocupaba 60 hectáreas de la cima de la Lloma del Castanyar, terrenos que en 1987 quedaron incluidos en las 2.500 hectáreas del parque natural del Montgó. El Consistorio inició en 1993 el expediente de caducidad de la licencia. En 1999, el Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso de la promotora contra el acuerdo municipal y dio por extinguido el permiso de obras. La urbanización era ilegal. La única salida era echarla abajo.
Sin embargo, 17 años después, el «pueblo fantasma» sigue recortándose sobre el Montgó. Hace unos años llegó a redactarse un proyecto de demolición que subía a 400.000 euros. La conselleria de Medio Ambiente le pasó entonces la pelota al Ayuntamiento.
La administración que había dado la licencia debía pagar los trabajos de derribo. El Consistorio se puso a buscar a la promotora. No dio con ella. Mientras, el Algarrobico alicantino se eterniza. Borrar del mapa los desmanes urbanísticos sale muy caro.
