Los pueblos de la Marina Alta que se resisten a entrar en el consorcio comarcal de aguas, que impulsa la Diputación de Alicante, tienen un argumento más. El consorcio, en su presupuesto para 2016, se olvida de las inversiones (no reserva ni un euro) y, en cambio, sí destina 83.424 euros a gastos de personal y a indemnizar a los políticos que asisten a sus juntas generales y comisiones permanentes.

Ese presupuesto, presentado por el presidente del consorcio y de la Diputación de Alicante, al tiempo que alcalde de Calp, César Sánchez, del PP, ha hecho agua. No salió adelante al rechazarlo PSPV y Compromís. Sube a 176.924 euros. Sí hay una partida de 60.000 euros para estudios y trabajos técnicos y otra de 20.000 para redactar proyectos de obras hidráulicas. Pero no recoge ni una inversión. Y eso que hay unas cuentas urgentes. Hay municipios cuya red es un coladero. En fugas, se les va más del 50% del abastecimiento. Además, la Marina Alta volvió a sufrir el pasado verano restricciones de agua potable. El Poble Nou de Benitatxell, Teulada, Xaló y Llíber se vieron abocados a suministrar a sus vecinos (unos 25.000) agua salinizada y de baja calidad que no se podía beber.

Las dos reuniones en las que se debatió el presupuesto ya le salieron al consorcio por un pico. Los asistentes cobraron 500 euros por asistir a una junta general y una comisión permanente que se despacharon ambas en unos 45 minutos.

El organismo que debe resolver los históricos problemas de suministro de la Marina Alta, una comarca que tiene agua, pero mal repartida, se nutre de una aportación de 75.952 euros de la Diputación y de otra de 75.952 de los ayuntamientos. El gasto en personal adscrito sube a 61.524 euros. El presupuesto reservaba 21.900 euros para indemnizaciones por asistencia. Los políticos perciben 300 euros por junta general y 200 por comisión permanente. Las reuniones se celebran siempre en Alicante.