El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló ayer en Dénia que la modernización de la Justicia abordada durante esta legislatura ha supuesto «una transformación en distintos ámbitos que trascienden lo meramente tecnológico», hasta situarla «en el embrión de un servicio público de calidad, agilidad y eficiencia, como demanda el siglo XXI».

Catalá se manifestó en estos términos durante la clausura en Dénia de la Jornada sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil y Jurisdicción Voluntaria, organizada por la Fundación Lex Forum. En el acto, el titular de Justicia destacó la realización concreta de leyes «completamente nuevas», las reformas inaplazables y una manera distinta de gestionar la Administración de Justicia con más medios, recursos y horizontes, como las herramientas utilizadas por el Ejecutivo para alcanzar ese objetivo, según ha informado el ministerio a través de un comunicado.

Para Catalá, modernizar «no es solo afrontar los imprescindibles avances tecnológicos, como también se ha hecho, sino llevar a cabo otra forma de hacer las cosas y de funcionar en la gestión del servicio público».

Así, el titular de Justicia citó ejemplos concretos, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha implantado «una filosofía nueva en torno al reparto de las cargas de trabajo en los juzgados», o los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que han introducido «una mayor especialización en los órganos judiciales y han mejorado la calidad de las resoluciones judiciales».

Así mismo, el ministro se refirió a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha implantado la segunda instancia penal y ha sentado las bases de la agilización de la Justicia penal, modificando las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de causas en los conocidos como macroprocesos.