El Ayuntamiento de Calp se ha quitado un peso de encima. El pleito con Bankia por la construcción de la segunda residencia (el consistorio, entonces gobernado por Javier Morató, del PP, olvidó que por contrato se la tenía que adjudicar a esta entidad bancaria y le dio el geriátrico a otra empresa) tenía mala pinta. Había llegado al Tribunal Superior de Justicia tras estimar hace un año el juzgado de lo contencioso de Alicante número 4 parcialmente el recurso de la entidad financiera. Perder el último litigio abocaba al ayuntamiento a la ruina. Bankia exigía una indemnización de 11,4 millones. Pero la eventual condena subía a mucho más, a unos 14 millones, ya que al consistorio también le hubiera tocado apoquinar con los intereses y las costas.
Pero ambas partes han dado por bueno el dicho popular de que «más vale un mal acuerdo que un buen pleito». Bankia quería vender la residencia de ancianos que sí construyó en Calp (primero se llamó Sanyres y luego Solimar) a una mercantil de Castilla y León. Necesitaba que el consistorio autorizara la venta de las participaciones. Y así lo hizo. Pero con el compromiso de que la entidad desistiera del recurso presentado ante el TSJ (tampoco estaba plenamente de acuerdo con el primer fallo del juzgado de Alicante). Por tanto, un poco de carambola, el ayuntamiento ha salvado los muebles.
El lío de las residencias comenzó hace 15 años. El ayuntamiento, gobernado por el PP de Javier Morató, licitó suelo municipal para que se abriese el primer geriátrico de Calp. Era un negocio seguro. La población de este municipio y de todo el litoral de la comarca envejecía por el peso demográfico de los jubilados del norte de Europa que se mudaban a la Marina Alta. El concurso lo ganó Bancaixa (ahora Bankia). Además, el contrato planteaba la opción de que la adjudicataria construyera también una segunda residencia en el suelo municipal del futuro plan parcial de la Senieta. Pero ese programa no llegó a desarrollarse. Y el ayuntamiento, dado que la demanda de plazas para mayores iba en aumento, convocó otro concurso para construir en el Pla Roig la segunda residencia. Y lo ganó Geroresidencias.
Bancaja acudió a los tribunales al entender que, por contrato, tenía derecho al segundo geriátrico.
El pleito millonario planeaba sobre un ayuntamiento que en el último mandato remontó una difícil situación económica. Se acogió al plan estatal de pago a proveedores. Pidió un préstamo de 16,4 millones para hacer frente a la herencia de facturas pendientes.
