El supuesto fraude del agua de Calp es una colección de momentos estrambóticos. El caso, por el que están imputados, entre otros, el exedil del PP Juan Roselló y su cuñado, Francisco Artacho, está otra vez vivo. La Audiencia de Alicante revocó hace un año su sobreseimiento parcial. Y el juzgado de Dénia está llamando a declarar a nuevos testigos que deben arrojar luz sobre el desvío de un millón de euros de dinero público. Pero la cosa va despacio.
Ayer estaba citado a declarar uno de los supuestos testaferros. El juez encargó en 2010 un informe pericial de las cuentas de Obras Hidráulicas de Levante, la empresa de buzoneo a la que en 2004 Aguas de Calpe adjudicó sin concurso un contrato de renovación de la red de suministro de 5,2 millones (estaba escandalosamente inflado y luego el pleno lo tuvo que rebajar a 3,7 millones). Aquella pericial destapó que tres presuntos «hombres de paja» habrían recibido de esta mercantil pagos que sumarían un millón de euros. El que acudió ayer al juzgado, Antonio Céspedes, es uno de ellos. Los ingresos a su nombre ascenderían a 435.600 euros.
Pero el supuesto testaferro es un chapista. Llegó a declarar con su mono de faena. No tenía abogado y se le asignó uno de oficio. Y luego dijo no entender nada de lo que se le decía. Se negó a declarar.
El informe de las cuentas detectó pagos que subían a 350.320 euros a favor de Javier Rojo y de 273.984 a Raimundo Lozano. Obras Hidráulicas de Levante, empresa que pertenece a Artacho, no aclaraba en su contabilidad en concepto de qué se abonaron estas cantidades.
El caso parece, tras diez años, atascado. Esta es la impresión que tiene Nicolás Agudo, gerente de Exca-Gata, quien está personado como acusación particular. Si a los vecinos se les sisó supuestamente un millón de euros (la comisión de precios públicos consideró que las obras estaban sobrevaloradas en esa cantidad), a este empresario se le dejaron a deber 300.000 euros. Su empresa era el último eslabón de la cadena de subcontratas. Fue la que hizo los desmontes y abrió y cerró las zanjas para las tuberías. Agudo no cobró ni un euro. Y una década después sigue porfiando para recuperar su dinero.
Estas obras las adjudicó el 17 de marzo de 2004 el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP (el alcalde era Javier Morató), a la empresa mixta Aguas de Calpe. No hubo concurso porque se alegó que el proyecto entrañaba una gran dificultad técnica. Pero Aguas de Calpe contrató a dedo a Obras Hidráulicas, que antes era una firma de buzoneo. Y ésta subcontrató a Montubo Obra Civil, que a su vez echó mano de otras firmas entre la que se encontraba Exca-Gata. En el camino, se esfumó un millón de euros que el Ayuntamiento sí pagó. Y, además, la última de las subcontratas no vio un céntimo.
