El «conseguidor»de la trama Púnica Alejandro de Pedro pasaba factura por hacer un clic. El Ayuntamiento de Benissa, gobernado por el PP, fue uno de los tres de la Marina Alta que contrataron a Eico y Madiva, las dos empresas de De Pedro. Ambas firmas cobraron del consistorio 17.300 euros. Los partidos de la oposición recibieron el miércoles por la noche, quince minutos antes de iniciarse el pleno ordinario, las facturas que nada más estallar el escándalo de la red Púnica habían solicitado.

El portavoz de Cibe, Álvaro Mendoza, exigió que se creara una comisión de investigación para aclarar todos esos pagos. No se llegó a tanto. Pero sí se revisarán las facturas en una junta de portavoces. El alcalde, Juan Bautista Roselló, del PP, alegó que, al contratar a De Pedro, «desconocíamos que era un corrupto». «Presentó un excelente currículo. Era profesor universitario y experto informático», indicó. «El equipo de gobierno y yo mismo somos los primeros interesados en que se aclare todo», afirmó. Roselló avanzó que ya había encargado un informe de los técnicos de informática que constataba que los trabajos informáticos se hicieron y su precio fue «adecuado».

Pero la oposición no lo vio tan claro. El portavoz de Compromís, Xavi Tro, lamentó que se «tirara el dinero»de los benisseros y expuso que algunas facturas estaban claramente hinchadas. La empresa Eico, de hecho, llegó a percibir 363 euros por abrir un perfil de facebook para el departamento de participación ciudadana; perfil que ya no existe. «Ese trabajo se hace en 5 minutos», apuntó Tro. Esta misma mercantil cobró otros 1.770 euros en diciembre de 2011 por crear el portal de extranjeros, que también está inactivo.

Y facturó 4.720 euros por servicios de estrategia y posicionamiento on line. Mientras, el «conseguidor» también hacía caja con el digital Ahora Benissa. En julio de 2012, el consistorio le abonó una factura de 2.950 euros. Un mes después, le pagó otra factura por el mismo importe. Y al mes siguiente le abonó otros 2.420 euros. En marzo de 2013, Madiva cobró otros 1.815 euros y en julio y septiembre percibió sendas facturas por ese mismo importe.

«Un ayuntamiento como el nuestro no puede tirar así el dinero. Es indecente», denunció el edil de Compromís, que conjeturó que todos estos pagos «pueden ser una nueva vía de financiación ilegal del PP».

El pleno aprobó por unanimidad una moción que precisamente presentó Compromís con medidas concretas para luchar contra la corrupción. Una de ellas es la de prohibir que en las listas que se presenten en Benissa figuren imputados por delitos de corrupción.