El gobierno de Teulada, del PP, pretende sellar todas las grietas. Del Ayuntamiento, han salido expedientes reservados. Y, por arte de birlibirloque, han llegado a manos de un vecino de Santa Pola al que no se le conoce ninguna relación con el Consistorio. Ese vecino acudió el pasado 17 de abril a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Allí presentó dos denuncias sostenidas en esos expedientes. Las supuestas irregularidades apuntaban al alcalde, el popular Antoni Joan Bertomeu, quien mantienen un pulso soterrado con su antecesor en el cargo, el ahora vicepresidente del Consell, José Císcar.

El munícipe se ha cansado de estar en la diana. Además de anunciar que acudirá a los tribunales para salvaguardar su honor, ayer llevó al pleno una moción para aclarar cómo han salido los expedientes del Ayuntamiento. La moción, que aprobó el PP en solitario, da vía libre a «adoptar cuantas acciones legales sean pertinentes y adecuadas para asegurar el correcto funcionamiento del ayuntamiento, la seguridad en las comunicaciones y la integridad de los expedientes y de la información que contienen». El alcalde rectificó la parte que daba pie a interpretar que el Ayuntamiento pagaría los pleitos de políticos y funcionarios. Tendrán que rascarse el bolsillo.

Mientras que el portavoz de Compromís y el edil no adscrito Jordi Martínez se abstuvieron, el PSPV y la concejala rebelde del PP Chantal Giron, que es afín a Císcar, votaron en contra. Girón acusó al alcalde de «hacerse la víctima» y de jugar a ser «007». Le reprochó que intente «crear un estado policial».

Mientras, la portavoz socialista, María Dolores Marcos, pidió que la moción se dejara sobre la mesa. Advirtió de que el alcalde tiene potestad para presentar acciones legales y advirtió de la «extrema gravedad» de que se reconozca que la seguridad de los expedientes y las comunicaciones del Ayuntamiento están fallando.

Pero el alcalde está decidido a destapar qué hay detrás de todo este lío. Dijo que los datos que maneja el vecino de Santa Pola son «de precisión milimétrica» y infirió que sólo los puede conocer si ha accedido directamente a expedientes reservados. «Y sólo los puede haber obtenido de forma ilegal», sostuvo.

Aseguró que el acuerdo del pleno y las acciones legales que ahora se tomarán persiguen defender la institución municipal y a los vecinos que confían en ella y cuyos datos deben estar protegidos.