El juicio por la supuesta negligencia en el diagnóstico de Noa, la niña de Calp a la que una meningitis tuberculosa dejó graves secuelas neuronales, quedó ayer visto para sentencia en el juzgado de Benidorm. La defensa de los tres pediatras del hospital de Dénia imputados pidió su libre absolución, mientras que la fiscal y la acusación particular insistieron en que sí hubo una negligencia médica y mantuvieron la petición de un año de prisión y de inhabilitación para el ejercicio profesional para los tres facultativos.
A petición de la defensa, declararon los también pediatras Gerardo Romera, Jenaro Jover, que fue jefe del servicio de pediatría del Hospital General Universitario de Alicante, y Juan Pérez, que es jefe de pediatría en el hospital de la Marina Baixa. Los tres coincidieron en que la meningitis tuberculosa es una patología «rara» y de «difícil diagnóstico». También calificaron de «absolutamente normal» dar el alta a la niña pese a que tenía fiebre (a los 5 días sus padres la llevaron otra vez al hospital y ya sufría graves daños cerebrales). Los tres consideraron correcta la actuación de los pediatras imputados y afirmaron que ellos mismos no hubieran realizado más pruebas para afinar el diagnóstico, ya que en ese momento se daba por hecho que la niña sufría una meningitis vírica (la menos grave) y una gastroenteritis. El doctor Jover puntualizó que la meningitis tuberculosa presenta una alta tasa de mortalidad y de daños neurológicos.
Pruebas adecuadas
El médico forense descartó igualmente que los acusados incurrieran en negligencia al no practicarle a la niña, que entonces tenía 14 meses, una radiografía de tórax ni el test de Mantoux, que es el que detecta la bacteria de la tuberculosis. Sostuvo que las pruebas que sí se realizaron (una punción lumbar y una analítica de sangre) fueron las adecuadas.
En cambio, la fiscal incidió en que, pese a que la meningitis tuberculosa presenta en su fase inicial «síntomas difusos», «sus nefastas consecuencias obligan a los profesionales médicos a estar alerta y a realizar todas las pruebas diagnósticas posibles». «Ninguno de los pediatras supo apreciar la gravedad de Noa, aceptaron tácitamente un diagnóstico equivocado y, sin más pruebas, le dieron el alta», concluyó.
Mientras, la acusación particular, ejercida por los abogados Begoña Barona y Manuel Roura, elevó a 1.325.641 euros la indemnización que los padres de Noa piden a la Conselleria de Sanidad por las secuelas que sufrió la pequeña, que ahora cuenta con 10 años y sufre una tetraparepsia espástica grave (lo que significa que está postrada en una silla de ruedas y es alimentada por una sonda en el estómago).
Los letrados advirtieron que dar el alta «precipitada» a la menor influyó «de forma directa» en los daños neuronales. Sostuvieron que su enfermedad, de haberse detectado en el primer ingreso, podía haberse curado.
Los abogados defensores de los pediatras mantuvieron que, en caso de confirmar finalmente el juez que hubo error de diagnóstico, éste «no es grosero» y, por tanto, no tendría consecuencias penales. Con todo, insistieron en que sus defendidos actuaron correctamente en la atención a la menor.
