Los imputados en la pieza de Calp del caso Brugal (investiga el millonario fraude en el pasaje de la basura) tienen muy clara la táctica: pasarse la pelota de unos a otros. Ocho de los doce implicados han presentado recurso de reforma contra el auto que les acerca a juicio, que dictó el titular del juzgado de instrucción número 1 de Dénia el pasado 28 de enero. En el auto de incoación de procedimiento abreviado, el juez precisó que los posibles delitos cometidos eran los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Y esa es la primera pega que ponen los recurrentes. Apelan al derecho a la tutela judicial y reclaman que el juez discrimine qué posible delito atribuye a cada uno en lugar de meterlos a todos en el mismo saco.
El cabecilla de Brugal, el empresario de las basuras Ángel Fenoll, pide el archivo de la causa y niega que pagara comisiones a políticos y técnicos de Calp para hacerse en 1998 con el contrato de tratamiento de residuos. El sumario concluía que Fenoll había pactado con Francisco Artacho, cuñado del entonces concejal del PP Juan Roselló, sobornos que subían a 600.000 euros. El abogado del empresario sostiene en el recurso que las grabaciones intervenidas a Fenoll en las que incluso aparece él entregando 24.040 euros a Artacho «carecen de todo rigor de comprobación».
El empresario también niega que, después de lograr el contrato, la segunda pata de la trama fuera inflar el pesaje de los residuos y defraudar al Ayuntamiento hasta 11,5 millones de euros (la Universidad Católica puso cifra a la estafa). Alega Fenoll que el Consistorio nunca le expedientó ni sancionó. «Más bien al contrario. Quien ha incumplido sus obligaciones, concretamente las pecuniarias, ha sido el Ayuntamiento», advierte al tiempo que cita las sentencias de juzgados que reconocen el derecho de su empresa Colsur a cobrar facturas pendientes. El empresario va un paso más allá y acusa al actual equipo de gobierno de Calp (el alcalde es el popular César Sánchez) de «instrumentalizar la causa» para no abonarle los más de siete millones que le debe.
En el recurso, también se alude al «supuesto desajuste en los pesajes». Fenoll advierte de que el Consistorio disponía de «medios correctores» para evitar que se inflara la facturación.
Entre los imputados, figuran, entre otros, el exalcalde Javier Morató y el exedil Juan Roselló, ambos del PP. Morató también solicita el archivo de la causa. Su abogado cuestiona que quien fue alcalde entre 1995 y 2007 tuviera «una posición omnisciente», es decir, estuviera al tanto de todo lo que pasaba en su Ayuntamiento. Indica que la imputación de Morató está «huérfana de cualquier indicio probatorio» y no concede valor a las conversaciones grabadas a Fenoll y Artacho en las que hablan de sobornar al «Alcal». La defensa del exalcalde también esgrime que éste siempre delegó las competencias de contratación y servicios a otros ediles.
Artacho, sin abogado
Francisco Artacho, al que el juez sitúa como la pieza clave de la trama (ejerció de intermediario), sigue sin dar señales de vida. Su abogado y su procurador han renunciado a representarlo. El juez le ha comunicado que le designará letrado y procurador de oficio. Al cuñado de Roselló no hay forma de localizarlo. El magistrado libra oficio a la Policía Local de la Vila Joiosa para que le trasladen los autos. Artacho no ha recurrido la apertura de juicio. Y tampoco lo ha hecho Juan Roselló.
