El Ayuntamiento de Teulada «señalará» a los técnicos, funcionarios y políticos que autorizaron que se construyera un supermercado en una parcela de suelo residencial y atravesada de punta a punta por un barranco. Y no sólo eso. Determinará la «responsabilidad administrativa, civil o penal»de quienes intervinieron en un expediente que salió adelante cuando el actual vicepresidente del Consell, José Císcar, era alcalde. Los tribunales han anulado todas las licencias y han dejado el supermercado, que es un Masymas, fuera de ordenación. El ayuntamiento, de hecho, ya ha emitido una orden de clausura.

La oposición (PSPV, ULC y Bloc) exigió ayer en el pleno que se tomaran las medidas antes citadas. Su moción, que incidía en que las actuaciones del ayuntamiento han resultado «demostradamente ilegales», se quedó sobre la mesa. El actual alcalde, Antoni Joan Bertomeu, del PP, advirtió de que podría perjudicar al ayuntamiento explicitar el perjuicio que se le ha causado a la empresa Masymas (su nave, que está en la carretera de Moraira a Calp, podría demolerse) y a la mercantil, Pepe La Sal, que es la que inició los pleitos y que reclama ahora en los juzgados al consistorio una indemnización por el lucro cesante de 800.000 euros. Pero Bertomeu dejó claro que el actual equipo de gobierno también quiere que se depuren responsabilidades. «No voy a defender lo que es indefendible», dijo. Bertomeu apuntó que si la oposición aceptaba dejar sobre la mesa su moción, el lunes, a primera hora, se reuniría con los portavoces para consensuar un nuevo texto. Afirmó estar «totalmente a favor» de encargar a un gabinete jurídico que investigue el expediente e identifique a los responsables.

Al pleno de ayer no asistieron Silvia Tatnell ni Chantal Girón, las dos concejalas que formaron parte del equipo de gobierno de Císcar y siguen en la corporación. Girón, a la que Bertomeu dejó hace meses sin delegaciones y que es afín al vicepresidente del Consell, ya es el tercer pleno seguido que hace novillos.

La oposición no citó expresamente a Císcar, pero colocó claramente a su gobierno en la diana. El portavoz de la ULC, Anthony Tatnell, leyó parte de los dos informes en los que el arquitecto municipal avisaba de que era «inviable» conceder la licencia de obras para este supermercado. Esos informes desfavorables se basaban, entre otras, en que la parcela estaba dividida por una franja de suelo no urbanizable de protección de ramblas. Los tribunales (las sentencias que anulan la licencia de obras y la ambiental son ya firmes) han acabado dando la razón a este técnico. Tatnell sostuvo que, al final, este fiasco puede costarle al ayuntamiento «muchos millones de euros». «No es justo que los ciudadanos paguen una gestión mala y supuestamente interesada», afirmó, y exigió al alcalde que depure responsabilidades.

Mientras, el portavoz del PSPV, Jordi Martínez, recordó que Císcar firmó con la mercantil del supermercado un convenio en 2004 para que esta parcela tuviera también uso terciario. El PGOU se aprobó meses después y no recogió ese compromiso. Pero el entonces equipo de gobierno concedió las licencias y obvió las deficiencias no subsanables detectadas por el arquitecto municipal. Martínez lamentó que esa forma de actuar crea «inseguridad jurídica. «El PP de Teulada tiene legitimidad para gobernar, pero no para administrar este pueblo como un bancal de calabazas», denunció.