La familia de Benissa cuya casa quiere tirar el Ayuntamiento para ampliar una calle está decidida a luchar hasta el final. Hace un par de semanas se salvó in extremis del desalojo cuando ya parecía hecho (el cerrajero incluso había desmontado la cerradura). Ahora esgrime un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que suspende la demolición. El juez lo emitió el pasado 9 de enero, el mismo día que el secretario municipal, los técnicos de Urbanismo y la Policía Local se presentaron en casa de María Francisca Arlandis, quien estaba dentro con su madre, de 88 años, y su marido, para tomar posesión de la vivienda y, a continuación, ordenar su derribo.
El auto también suspende el PAI aprobado por el pleno de Benissa en mayo de 2009 para ampliar la calle Calp, que ahora es un embudo. Ese programa urbanístico da vía libre a que la piqueta eche abajo la vivienda centenaria de esta familia. El juez adopta medidas cautelares e insta a aclarar si en esta actuación influye la sentencia del Tribunal Supremo que en mayo del pasado año anulaba el Plan General de Benissa. Los propietarios de la vivienda opinan que el PAI queda en el aire, pero el Consistorio sostiene que esta casa ya estaba fuera de ordenación en el anterior PGOU de 1982.
La familia antes había planteado otra causa de suspensión que el TSJ rechazó. Alegaba que en la casa vive una anciana inválida. El Consistorio argumentó que la demolición del inmueble es necesaria porque se produce un estrechamiento de la calle.
Arlandis apela también al valor sentimental de la vivienda de sus padres y abuelos, que durante cuatro décadas y «en los años de la posguerra y las penurias» acogió una tienda de ultramarinos.
