Los ediles de Xàbia imputados por la licencia de un hotel aprobada en 1997 se escudaron ayer en los técnicos y aseguraron que ésta venía con todos los informes favorables. La Audiencia de Alicante sentó ayer en el banquillo a todos los concejales que formaron parte de las comisiones municipales donde se aprobó la solicitud, entre ellos dos exalcaldes del municipio: Juan Moragues (PP), que estaba al frente de la corporación cuando ocurrieron los hechos, y Eduardo Monfort, que en aquella época era edil del CDS y en 1999 salió elegido primer edil por el Bloc. El fiscal les acusa de un delito contra la ordenación del territorio por lo que pide ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público.

En el suelo, ubicado en el plan parcial El Rodat, reservado a uso hotelero, se acabaron construyendo además del complejo 47 chalés, cuando el aprovechamiento de la parcela imponía que no podían edificarse más de 28.

El escrito de acusación va dirigido contra diez ediles que formaban parte de la corporación de Xàbia entre 1995 y 1999, tanto del equipo de gobierno como de la oposición: Juan Moragues, Francisco Manzanaro, Antonia Sebastiá, Francisco Mestre, Eduardo Monfort, Jaime Soler, Vicente Mata, José Segarra, Vicenta Ribes y Pascual Codina. De ellos, sólo Antonia Sebastiá sigue en activo en política; y Mestre ha fallecido. La causa partió de una querella presentada por vecinos de la zona, uno de ellos cuñado de Rita Barberá y que están personados como acusación particular. Ninguno de los imputados quiso responder a las preguntas del abogado de los vecinos.

Todos los ediles incidieron en que el proyecto contaba con todos los informes favorables de los técnicos y que las alegaciones planteadas por los vecinos se habían desestimado. El entonces alcalde Juan Moragues aseguró que la licencia de obra se aprobó condicionada a que estuviera aprobada la licencia de actividad. Moragues se escudó también en el edil fallecido, al asegurar que él como alcalde presidió la comisión de gobierno y el expediente llegó con el visto bueno de la comisión de servicios, con una resolución de este concejal. Según manifestó, cuando empezaron las primeras polémicas se pidieron informes a los técnicos y éstos fueron favorables. Asimismo señaló que no tenía constancia de que el Ayuntamiento hubiera inspeccionado las obras, ya que las competencias en materia de alojamientos hoteleros eran de la Generalitat. Ninguno de los ediles dijo tener constancia de carteles publicitarios ofertando chalés en ese plan parcial.

Por su parte, Eduardo Monfort, que se defendía a sí mismo, incidió en que el plan de El Rodat se fue ejecutando por fases y que los técnicos no empezaron a alertar sobre exceso de edificabilidad hasta años después y recordó que en el plan El Rodat estaba permitido el uso residencial del suelo. «Cada vez que un informe técnico hablaba de deficiencias, se instaba a la empresa a que las corrigiera», dijo y señaló que en 2003 y 2004 hubo dos condenas del TSJ obligando a dar licencia a otros proyectos de la urbanizadora.

Entre los imputados estaba el que fue concejal por el PSPV, Pascual Codina, que estaba en la oposición y llegó a dimitir tras su imputación en el caso. Ayer señaló que éste fue uno de los pocos asuntos que por aquella época se aprobaron por unanimidad. Según dijo, el expediente contaba con todos los informes a favor y desconocía las irregularidades. El juicio continuará hoy.