La familia de Benissa cuya casa el Ayuntamiento quiere demoler para ampliar una calle ganó ayer un poco de tiempo. Salvó el desalojo cuando ya perecía hecho. El secretario municipal, acompañado de los técnicos de Urbanismo y de la Policía Local, llegó a las 10.30 horas a la vivienda, situada en la avenida País Valencià (la travesía urbana de la N-332), y tocó reiteradamente al timbre sin que nadie abriera. Dentro estaba la propietaria, María Francisca Arlandis, junto a su marido y a su madre, de 88 años. Sabían que si los funcionarios, que portaban una orden del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante para tomar posesión de la vivienda, franqueaban la puerta ya estaba todo perdido.

El secretario municipal dejó una notificación que avanzaba que a las 11.30 horas volvería y, junto a la Policía, entraría a las bravas en la casa. A esa hora, la comitiva municipal regresó con un cerrajero. Éste desmontó la cerradura, pero la puerta no se movía; estaba atrancada por dentro con una cómoda. La familia se había atrincherado. Arlandis salió a un balcón y espetó a los funcionarios que estaban cometiendo «una ilegalidad» pues, aseguró, ni ella ni sus abogados tenían notificación del desalojo.

En ese momento de máxima tensión, el jefe de la Policía Local recibió una llamada del concejal de Urbanismo, Arturo Poquet. El desalojo se paralizaba. Luego Poquet explicó a este diario que desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana comunicaron al Ayuntamiento que, minutos antes de que se hiciera efectivo, los abogados de la familia presentaron un recurso extraordinario. El edil se mostró convencido de que, «igual que ha pasado con los anteriores, se desestimará». «Pero, mientras tanto, paralizamos la actuación para garantizar al máximo los derechos de los propietarios», dijo.

La familia salvó su casa in extremis. Pero no hay marcha atrás en la expropiación. El Ayuntamiento ha depositado en el banco los 115.761 euros de la tasación que ha efectuado de una vivienda que, aunque centenaria, no tiene valor patrimonial. Su dueña insistió ayer en que ella, aunque el Consistorio tire este inmueble y gane los metros que necesita para ampliar la calle Calp (da a la avenida del País Valencià y ahora es un embudo), quiere que le den la opción de construir aquí otra casa y seguir viviendo en el lugar donde lo hicieron sus abuelos y sus padres y donde ella nació.