Morad Fliss, su esposa y sus dos hijos, de 1 y 3 años, regresaban de madrugada y agotados después de muchas horas de viaje. Habían estado un mes y medio en Marruecos, la tierra de Morad. Cuando el cabeza de familia intentó abrir la puerta de su casa, en Ondara, se dio cuenta de que su llave ya no servía porque habían cambiado la cerradura. Eran las 3 de la mañana (ocurrió hace dos viernes) y la familia tuvo que dormir esa noche, que fue de intenso frío, en el coche. De un día para otro, se vieron en la calle. La inmobiliaria que les arrendó el piso los había desalojado sin previo aviso.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Dénia denunció ayer que la inmobiliaria, propietaria de la vivienda, había actuado «de forma caciquil y mafiosa». «Para poder realizar el cambio de cerradura en una vivienda arrendada tiene que haber requerimiento judicial y, en este caso, no lo hay», indicó la PAH.
Morad, de 36 años, buscó ayuda en la plataforma. Antes, denunció el caso ante la Guardia Civil y la Policía Local de Ondara por «desahucio legal». Dentro de la vivienda, están la ropa y las pertenencias de la familia. Por tanto, no sólo se han visto privados de vivienda de la noche a la mañana, sino que, prácticamente, se han quedado sin nada. El cabeza de familia no tiene trabajo ni cobra la prestación del paro. «Ahora mismo vivo de mis amigos», afirma. Su esposa, que es de Gata de Gorgos, ha vuelto temporalmente a casa de su madre. Allí están viviendo también los niños. A Morad, en cambio, le da apuro. Es el mayor de cinco hermanos y se siente responsable de la familia que ha formado en España y de la que dejó atrás en Marruecos. Cada mañana acude puntual a casa de su suegra y recoge a su hija de 3 años para llevarla al colegio a Ondara. Admite que, por estar ahora sin trabajo, no podía llevar al día el pago del alquiler. Pero asegura que no debe 36 meses, que es lo que le reclama la inmobiliaria. «Nunca dije que no quería pagar. Si tengo dinero, claro que pago el alquiler. Pero ahora estoy sin empleo».
Este joven padre de familia, que hace 15 años que reside en España, revela que la inmobiliaria le ha ofrecido dejarle entrar a la vivienda a recoger todas las pertenencias de la familia a cambio de que firme un documento cancelando el alquiler, comprometiéndose a abonar la deuda y retire, además, las denuncias. La PAH, sin embargo, ya le ha aconsejado que no acepte. La plataforma ve claro que el desahucio, al llevarse a cabo sin requerimiento judicial y con «nocturnidad y alevosía», vulneró los derechos de los inquilinos.
Mientras, Morad anhela recuperar cuanto antes una casa en la que hacer vida de familia.
