Para una vez que el Ayuntamiento de Xàbia se decide a sacar la piqueta, va y se equivoca de chalé. El juzgado de lo contencioso administrativo nº. 4 de Alicante obliga ahora al consistorio a admitir a trámite la licencia que el propietario de esa vivienda, Antonio Serrano, solicitó para legalizarla. El problema es que el chalé ya no existe. El Ayuntamiento lo echó abajo en enero de 2009. La demolición levantó una gran polvareda. Era la primera que realizaba en años el consistorio, cuyo alcalde era entonces Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes.

Serrano y su familia vivieron con gran angustia esas horas. Tuvieron que llamar a empresarios amigos para vaciar la casa de muebles, apelaron sin éxito al Constitucional y, finalmente, vieron cómo las máquinas lo reducían todo a escombros. El propietario insistía en que se estaba cometiendo una injusticia. Construyó el chalé sobre dos parcelas de suelo rústico que sumaban 12.000 metros cuadrados. Tenía por silencio administrativo el permiso de la conselleria de Territorio. Y simplemente se había atenido a la práctica habitual en Xàbia de pedir la licencia y, al tiempo, iniciar las obras. El único pero era que, al solicitar ese permiso, no había agrupado las parcelas y el ayuntamiento se lo denegó. Luego subsanó ese defecto y pidió un permiso que el consistorio se negó a admitir a trámite.

Entretanto, un vecino denunció al entonces alcalde y a su edil de Urbanismo, Pepa Chorro, por permitir las obras. Ese pleito culminó con una orden de demolición. A Monfort y su concejala, el primero abogado de profesión y la segunda, forense, les dio un ataque de pánico. Temían que si no echaban abajo la casa un juez los imputara por un delito de desobediencia.

Ahora, el juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante, al conminar al ayuntamiento a tramitar la licencia, abre la vía a que se legalice un chalé del que no queda nada. Y no debería haber ningún impedimento. Los 12.000 m2 de este terreno rústico de la partida Cansalades son más que suficientes para edificar una vivienda.

El fallo, eso sí, da un resquicio al ayuntamiento. Le obliga a tramitar la licencia, pero precisa que la demolición es "una cosa juzgada" y no hay por qué revisarla.

Antonio Serrano está dispuesto a llegar hasta el final. Quiere que se le resarza por "todo el daño que me han hecho". "Lamento que sea el pueblo el que tenga que pagar, porque quienes deberían responder con su patrimonio son el exalcalde Monfort, la entonces edil de Urbanismo y los técnicos", afirmó. Y fue un paso más allá: "Monfort y sus técnicos deberían ir a la cárcel, porque la demolición fue un sinsentido y respondía a una estrategia malvada".

Este vecino denunció, semanas después de que le tirasen la casa, al arquitecto municipal Enric Morera por construirse un chalé en el suelo no urbanizable de especial protección de la cala de la Granadella. El técnico, al declarar ante el juez, sostuvo que reformó una ruina existente y que sus obras sí son legalizables.