La privatización de la gestión sanitaria de la Marina Alta muestra ahora nuevas sombras. En junio de 2009, la Conselleria de Sanidad amortizó las 161 plazas vacantes de personal sanitario estatutario. Los trabajadores interinos que las ocupaban pasaron a ser personal laboral de la empresa Marina Salud. Asumieron el cambio a regañadientes, ya que sus condiciones laborales empeoraban.
Intersindical Salut denunció la amortización ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que ahora le ha dado la razón. En un comunicado hecho público ayer, este sindicato advertía de que la sentencia reconoce que "se vulneró el pliego de cláusulas técnicas y administrativas de la concesión". La Conselleria debió abrir un proceso de negociación colectiva porque cambiaban las condiciones laborales (se incrementaba la jornada). El fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, precisa que esa negociación era imprescindible. Ahora, Sanidad debe volver sobre sus pasos y realizar ese proceso negociador.
Intersindical de Salud destacó ayer que, "de devenir firme esta sentencia, supondrá un antes y un después en el proceso de privatización de la sanidad pública". Interpreta el fallo como un varapalo a la Conselleria de Sanidad. "Es un gran avance en la protección de la negociación colectiva, en la defensa de las condiciones laborales del personal de la sanidad pública y un serio revés a los planes privatizadores de la Conselleria", apuntó el sindicato.
