El juez de Dénia que investiga los supuestos sobornos que el empresario Ángel Fenoll pagó a políticos del PP y técnicos de Calp para lograr el contrato de la basura (es una pieza separada del caso Brugal) ha accedido a la petición del fiscal de citar a declarar en calidad de imputada a Amparo Femenía Pastor, que es la esposa del exedil popular y exdiputado provincial Juan Roselló. El fiscal considera que existen contra ella "claros indicios de la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales". Deberá declarar el próximo 2 de mayo. El juez también realizará otras diligencias que le ha solicitado el fiscal. Pedirá a la Brigada de Blanqueo de Capitales, que en el sumario ya advertía del "inusual" patrimonio que amasaron Roselló y su esposa, que detalle si en la investigación obtuvo "alguna conclusión adicional importante" sobre los bienes adquiridos por el matrimonio.

El exedil popular desempeñó, según el sumario, un papel capital en esta trama, que tiene también la derivada del fraude que Fenoll, al inflar el pesaje y las facturas de la basura, cometió contra el ayuntamiento (la estafa podría llegar a los 9 millones de euros). Las conversaciones grabadas del empresario y Francisco Artacho, cuñado de Roselló, sitúan al político en la reunión en un hotel de Alicante en la que presuntamente Fenoll pactó el soborno de 600.000 euros que iba a repartir entre concejales y técnicos. Roselló, así como Fenoll, Artacho o el exalcalde popular Javier Morató (ahora es edil de Alternativa Popular), está imputado por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Hasta ahora eran 11 los imputados. Con la esposa del exdiputado provincial, se añade uno más, pero, en este caso, por indicios de un posible delito del blanqueo de capitales. El fiscal también ha pedido que se averigüe si el patrimonio del resto de imputados engordó tan ostensiblemente como el de este matrimonio.

La Brigada de Blanqueo de Capitales, en el informe que figura en el sumario, apuntó la sospecha de que Roselló y su esposa amasaron "todo o parte" de su patrimonio inmobiliario con los "beneficios ilícitos" de la trama de la basura. En doce años, desde enero de 1998 a octubre de 2010, el matrimonio adquirió, directamente o a través de sus tres sociedades, 17 inmuebles por un valor total de 2.277.434 euros. Esa fiebre inmobiliaria comenzó justo cuando el ayuntamiento adjudicó en 1998 a Colsur, la mercantil de Fenoll, el contrato de tratamiento y eliminación de residuos. Compraron seis coches, seis chalés, cinco adosados, otros cinco locales comerciales y un apartamento. En una de esas operaciones, pagaron a tocateja 312.526 euros.