El ayuntamiento vendió por diez mil pesetas la parcela de la Punta de l'Arenal donde ya se sabía que había un yacimiento arqueológico. Navarro-Rubio justifica que fue su mujer, María Dolores Serres, "una buena aficionada a la arqueología", la que se empeñó en comprar el terreno. Dice que la Ley Chapaprieta permitía que el consistorio vendiera las fincas del dominio público litoral. La familia aún hoy mantiene la concesión del conocido como "chalé del ministro".