Calp controlará las obras del agua para evitar otro caso de sobrecostes

a. p. f.
El caso de sobrecostes y subcontratadas conocido como Aguas de Calpe quedó, tras siete años de investigación judicial, en nada. Pero, al menos, sí que sirvió para que el Ayuntamiento de Calp deje de tomarse a la ligera las adjudicaciones de las obras del agua. En 2004 el Consistorio, entonces gobernado por el PP de Javier Morató, quien ahora es edil de Alternativa Popular, autorizó a la empresa mixta Aguas de Calpe a contratar las obras millonarias de renovación de la red transversal. El proyecto se adjudicó sin concurso a la mercantil Obras Hidráulicas de Levante, que hasta entonces se había dedicado al buzoneo y cuyo administrador en la sombra era Francisco Artacho, cuñado del entonces edil de Aguas, Juan Roselló, del PP. El Ayuntamiento pagó por las obras 3,1 millones, pero la comisión de precios públicos de la conselleria de Comercio, al aprobar las nuevas tarifas del agua, consideró que existía un sobrecoste de un millón de euros. El juez de Dénia que lleva el caso archivó en junio del pasado año la imputación del ya entonces exconcejal Juan Roselló. El caso quedó reducido a un conflicto entre la empresa de Artacho y las numerosas subcontratas que realizaron materialmente las obras y que siguen sin cobrar cantidades importantes.
Pero saltarse los filtros de control ya no es tan fácil en las obras del agua. En el último pleno, el gobierno local (PP e Independents-Els Verds) y el ahora concejal de Alternativa Popular Javier Morató aprobaron autorizar a Aguas de Calpe a llevar adelante obras de renovación de la red que, en total, suben a 469.092 euros. El Ayuntamiento ha escarmentado.
Ahora, según el acuerdo de pleno, debe conocer "con carácter previo" todas las ofertas presentadas y realizará un informe -eso sí, no vinculante- en el que analizará si el concurso se ha atenido a los principios de "publicidad y transparencia". También indica ya que las obras deben adjudicarse a la oferta más económica.
El Consistorio también exige que dos técnicos municipales revisen todas las certificaciones de obra. Queda claro que el objetivo es establecer una suerte de cordón sanitario contra los manejos en los contratos públicos.